Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas en Zonas Frías tras un acuerdo del Gobierno con provincias del norte
La iniciativa obtuvo media sanción con apoyo de gobernadores y permitirá, según el Ejecutivo, un ahorro fiscal superior a los $272 mil millones.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zonas Frías, una iniciativa que reduce el alcance de los beneficios tarifarios y que, según la Casa Rosada, permitirá un ahorro fiscal superior a los $272.000 millones.
La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, luego de una extensa negociación política entre el oficialismo y distintos gobernadores provinciales.
El proyecto constituye una de las principales victorias legislativas recientes de La Libertad Avanza y ahora deberá ser tratado en el Senado, donde las provincias tendrán un peso político aún mayor en las discusiones.
Según trascendió durante la jornada parlamentaria, el respaldo de varias provincias del norte fue asegurado a partir de un esquema de compensaciones vinculadas a subsidios para energía eléctrica en regiones de altas temperaturas, denominadas “zonas cálidas”.
Entre las provincias mencionadas dentro de ese esquema aparecen Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.
El oficialismo logró reunir apoyos del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales, además de diputados aliados y monobloques.
La reforma impulsada por el Gobierno limita la bonificación de hasta el 50% en las tarifas de gas únicamente a regiones consideradas históricamente frías, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
De esta manera, quedarán excluidas numerosas localidades incorporadas durante la ampliación del régimen aprobada en 2021, entre ellas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.
La modificación implica un fuerte recorte respecto al esquema impulsado años atrás por el diputado Máximo Kirchner, que había ampliado los beneficios utilizando criterios bioambientales y elevando el universo de beneficiarios de 950.000 a aproximadamente 4 millones de hogares.
Desde el Gobierno nacional defendieron la iniciativa argumentando que el sistema actual genera subsidios “indiscriminados” y distorsiones fiscales.
El presidente de la Comisión de Energía, Facundo Correa Llano, sostuvo durante el debate que el esquema vigente “confundió sensibilidad social con desorden” y aseguró que el modelo anterior derivó en “subsidios mal asignados, atraso y desinversión”.
La Casa Rosada afirmó además que los hogares de menores ingresos podrán continuar accediendo a subsidios mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Según explicó el oficialismo, podrán mantener beneficios aquellos hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), excombatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron duramente el proyecto y lo calificaron como un “tarifazo encubierto”.
Diputados de Unión por la Patria y otros bloques opositores advirtieron que millones de usuarios sufrirán aumentos significativos en sus facturas de gas.
La diputada bonaerense Marina Salzmann exhibió durante la sesión una factura de una jubilada de Marcos Paz y sostuvo que sin subsidio la tarifa podría pasar de $26.000 a más de $45.000 mensuales.
“Tómense el trabajo de leer. Quienes más lo necesiten van a mantener el subsidio”, respondió la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez durante el debate parlamentario.
Además del proyecto sobre Zonas Frías, el oficialismo logró aprobar durante la misma sesión la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destinada a eliminar leyes consideradas obsoletas y reducir estructuras burocráticas.
La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos y propone derogar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho normas y eliminar decretos que, según el Gobierno, quedaron desactualizados por cambios tecnológicos o regulatorios.
Durante la jornada legislativa también fueron aprobados múltiples tratados internacionales vinculados a cooperación judicial, extradición, asistencia penal y convenios internacionales suscriptos por Argentina con países como Chile, Polonia, Italia, Serbia y Cuba.
