El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 con superávit y límites estrictos al gasto y al empleo público
El Gobierno promulgó el Presupuesto 2026 con superávit y límites estrictos al gasto y al empleo público
El Gobierno nacional promulgó en el Boletín Oficial la Ley 27.798, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026 y consolida una orientación fiscal centrada en el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit financiero. La norma, sancionada por el Congreso el 26 de diciembre, establece que el ejercicio deberá cerrarse con resultado financiero equilibrado o positivo y proyecta un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional.
El esquema presupuestario prevé gastos corrientes y de capital por $148,06 billones, frente a recursos estimados en $148,29 billones. A su vez, se fija un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones, con un detalle de fuentes y aplicaciones financieras que contempla un peso significativo del endeudamiento público y de las amortizaciones de deuda.
En cuanto a la composición del gasto, la mayor partida se asigna a los Servicios Sociales, con $106,5 billones, seguida por la Deuda Pública, que insume $14,1 billones. Los Servicios Económicos concentran $11,45 billones, la Administración Gubernamental $8,85 billones y el área de Defensa y Seguridad $7,11 billones, manteniendo una estructura de prioridades alineada con la política fiscal del Ejecutivo.
Uno de los ejes centrales del Presupuesto 2026 es el endurecimiento de las reglas sobre el empleo público. La ley fija topes estrictos a los cargos y a las horas cátedra en toda la Administración Pública Nacional y prohíbe cubrir vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete de Ministros. Solo se contemplan excepciones puntuales para áreas consideradas sensibles, como Salud, Defensa, Seguridad, el cuerpo de guardaparques y algunos organismos específicos. Además, las jurisdicciones deberán remitir información detallada sobre dotaciones y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que tendrá la obligación de publicarla en formato abierto.
En el plano educativo y científico, el Presupuesto asigna $4,78 billones a las universidades nacionales, que quedarán sujetas a la obligación de rendir información ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, bajo apercibimiento de suspensión de transferencias. En paralelo, la norma deroga artículos relevantes de las leyes de Educación, Ciencia y Tecnología vinculados al financiamiento del sistema, con impacto a partir del ejercicio 2026.
La ley también otorga amplias autorizaciones en materia de crédito público. El Ministerio de Economía queda habilitado a realizar operaciones de endeudamiento, incluyendo emisiones bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total, y a ejecutar operaciones de administración de pasivos con menores restricciones. Asimismo, se aprueban aportes y aumentos de capital a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, FONPLATA y el Banco Mundial, con compromisos financieros a cargo del Tesoro y del Banco Central.
En el capítulo previsional, el Presupuesto 2026 destina más de $212.000 millones al pago de deudas del Sistema Integrado Previsional Argentino, administrado por ANSES, y otros $367.000 millones para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También se prorrogan por diez años las pensiones graciables, aunque se incorporan criterios patrimoniales y de ingresos más estrictos para su continuidad.
El texto incluye además exenciones impositivas para importaciones estratégicas, como bienes de capital destinados a empresas tecnológicas estatales, vacunas y medicamentos adquiridos por el Ministerio de Salud, y fija cupos fiscales para sectores como la economía del conocimiento, la biotecnología, la industria automotriz y la capacitación laboral.
Con la promulgación de esta ley, el Ejecutivo que encabeza Javier Milei consolida su estrategia fiscal para 2026, con el superávit como objetivo central, mayor discrecionalidad en la gestión presupuestaria y un marco más restrictivo para el gasto público, el empleo estatal y el financiamiento educativo y científico, tal como destacó Ámbito.
