Avalan suba salarial para la cúpula del Gobierno, pero Milei y Villarruel quedan excluidos
El aumento para ministros y altos funcionarios fue oficializado por decreto, aunque no será retroactivo ni alcanzará al Presidente ni a la Vice. Además, podrá suspenderse si se pone en riesgo el equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional avanzó con la aprobación de un incremento salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, luego de más de dos años de congelamiento. La medida quedó formalizada a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece una actualización en las retribuciones de ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, aunque excluye expresamente a Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Según lo dispuesto, la suba no tendrá efecto retroactivo y se aplicará tomando como referencia el porcentaje acumulado de los aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. El monto exacto del incremento no fue detallado en la normativa.
El decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a avanzar en la implementación de un nuevo esquema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional. Entre los lineamientos se incluyen cambios en los mecanismos de ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño, movilidad basada en competencias y sistemas de remuneración asociados a las responsabilidades de cada función, con el objetivo de reforzar la profesionalización y la transparencia de la administración.
En los considerandos de la norma se señala que la actualización salarial se fundamenta tanto en la prolongación del congelamiento vigente desde diciembre de 2023 como en el proceso de saneamiento de las cuentas públicas alcanzado durante la gestión. En ese marco, se destaca que el programa económico permitió acumular 22 meses de superávit fiscal y avanzar en la estabilización de una situación de emergencia económica, financiera y social heredada.
Tal como consignó Infobae, uno de los puntos centrales del esquema aprobado es su carácter condicional. El decreto establece que, si el Ministerio de Economía detectara y comunicara públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de los altos funcionarios quedarán automáticamente congelados. La suspensión se aplicará de pleno derecho, sin necesidad de un nuevo acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta que se recupere el resultado fiscal superavitario.
La norma también invita a otros poderes del Estado —Judicial y Legislativo—, así como a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a replicar criterios similares de congelamiento de retribuciones para sus autoridades en contextos de desequilibrio fiscal.
Con esta decisión, el Gobierno derogó además el artículo 4° del Decreto 235/2024, que había establecido el congelamiento total de los salarios de los altos funcionarios como parte de las medidas iniciales para ordenar las cuentas públicas. En ese entonces, el Ejecutivo había argumentado que, frente a un escenario de inflación interanual superior al 200%, quienes ocupaban responsabilidades políticas debían ser los primeros en asumir el esfuerzo del ajuste.

