Cornejo impulsa una capacitación integral para fortalecer el control estatal ante el crecimiento económico

El gobernador mendocino presentó una especialización destinada a inspectores provinciales y municipales, con foco en la actividad minera y en la coordinación interinstitucional para mejorar la fiscalización.

 

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó este lunes en Casa de Gobierno el lanzamiento de la Especialización para Inspectores del Estado, una propuesta de formación orientada a jerarquizar y fortalecer las tareas de fiscalización y control, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Durante la presentación, el mandatario subrayó que el crecimiento de la actividad económica exige un Estado con mayor capacidad de control. “Si la actividad económica crece, la fiscalización del Estado debe estar en su mejor nivel”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de avanzar hacia un esquema de control más coordinado, eficiente y profesionalizado.

La iniciativa está dirigida a inspectores provinciales y municipales que intervienen en tareas de control, prevención y cumplimiento normativo. El objetivo es dotarlos de herramientas técnicas comunes y de una base de conocimientos estandarizada que permita mejorar la trazabilidad, reducir superposiciones y optimizar recursos en el territorio.

Cornejo remarcó que Mendoza cuenta con una amplia red de agentes estatales que realizan tareas de fiscalización, pero advirtió que muchas veces esas acciones no están suficientemente integradas. En ese sentido, sostuvo que una de las principales debilidades del sistema es la falta de articulación entre organismos, lo que genera ineficiencias operativas. “Existe fiscalización, pero no siempre está integrada ni sistematizada”, señaló.

En relación con la actividad minera, el gobernador indicó que la Policía Ambiental Minera cumple un rol central, aunque aclaró que el control involucra a múltiples actores, como Vialidad provincial y nacional, el Iscamen, los municipios y otros organismos con los que es necesario coordinar acciones, incluso más allá de las jurisdicciones formales.

La formación estará a cargo del Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas y el Instituto de Educación Superior, y se organizará en torno a cuatro ejes: trazabilidad y guías de transporte de minerales; seguridad e higiene en operaciones y logística; control de rutas y accesos a la provincia; y cumplimiento de normativas ambientales y territoriales. El programa comenzará en 2026 y se prevé que, en su primera etapa, alcance a alrededor de mil agentes públicos.

En el marco del debate público sobre la minería, Cornejo afirmó que el Gobierno provincial respeta las distintas posturas sociales y el derecho a manifestarse de manera pacífica. No obstante, explicó que el foco de la gestión está puesto en quienes plantean dudas sobre la capacidad del Estado para controlar las actividades extractivas. “A ese sector es al que le prestamos mayor atención”, aseguró.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el carácter intersectorial de la iniciativa y remarcó que la fiscalización ambiental debe ser una tarea transversal del Estado. En esa línea, señaló que el ambiente constituye una base innegociable de las políticas públicas y que la coordinación entre áreas como seguridad, producción, educación y turismo resulta clave para fortalecer los controles.

Latorre también hizo referencia a los avances normativos recientes, como las modificaciones al Código de Procedimiento Minero y a la Ley de Tránsito, que ampliaron las facultades de control de distintos organismos. Asimismo, subrayó la importancia de estandarizar criterios y conocimientos para aprovechar el potencial de control existente y fortalecer la confianza de la comunidad.

La especialización tendrá modalidad 100% virtual, una carga horaria total de 240 horas y certificación oficial con puntaje para concursos y antecedentes dentro de la administración pública. Las inscripciones se abrirán en febrero y la cursada comenzará en el segundo trimestre del año próximo.

Con esta propuesta, el Gobierno de Mendoza busca consolidar un modelo de fiscalización preventiva, coordinada y profesional, en línea con un escenario de expansión de las actividades extractivas y productivas en la provincia.

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