Córdoba impulsará una ley para bajar la morosidad y refinanciar deudas

Después de que el Gobierno nacional sostuviera que la morosidad era “un problema entre privados” y ratificara que no habrá una intervención estatal, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial con la intención de ponerle un fin a “la deuda familiar”, según informó Infobae. “Enviaré a la Legislatura de Córdoba el proyecto de ley para poner en marcha el Programa ‘Alivio Cordobés'”, anunció el mandatario por medio de un comunicado emitido en la red social X, definiéndola como una iniciativa que tiene por objetivo “dar respuesta a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar”. “No estamos hablando de números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando”, describió al remarcar que se trataban de gastos generados por “situaciones cotidianas de la vida de los argentinos”.

El gobernador subrayó que “el cordobés es emprendedor y cumplidor, pero el sistema financiero actual se volvió imposible: la gente trabaja, paga y cada día debe más”, y señaló que “así la vida diaria de miles de cordobeses se torna más difícil”. El proyecto contemplará tres ejes principales. En primer término, se busca “bajar las tasas para poder pagar”, mediante la creación de un esquema de refinanciación junto al Banco de Córdoba y la invitación a la banca privada, con tasas “muy por debajo de las actuales del mercado”. En el segundo paso, Llaryora indicó que también se permitirá a las familias “unificar sus deudas chicas en una sola cuota previsible, con plazos de hasta entre 24 y 48 cuotas dentro de la misma entidad financiera”. Finalmente, apuntó que no solo se aliviará la vida doméstica, sino que se usarán esos fondos para “mover la economía”. “Cada peso que una familia cordobesa se ahorra de intereses, es un peso que vuelve de inmediato al almacén de barrio, a la carnicería, o al comercio local”, enfatizó el mandatario, y resaltó que aliviar la deuda familiar “no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses”.

Llaryora sostuvo que el proyecto se planteó “desde una lógica muy nuestra que es el esfuerzo compartido” y reafirmó: “Acá nadie se salva solo”. Detalló que “el Estado provincial pone una reducción de la carga impositiva; las entidades financieras deben resignar una parte de su rentabilidad; y las familias aportan su compromiso real de pago a través de una cuota posible”. “No le pedimos magia a nadie, le pedimos responsabilidad a todos. No queremos regalar nada, queremos aliviar, en la medida de lo posible, una situación que angustia a muchos cordobeses”, concluyó el mandatario al presentar la iniciativa.

Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que la situación “comenzó a revertirse”. El tema de la morosidad fue central en la última reunión de Gabinete, donde se subrayó la necesidad de que el Costo Financiero Total (CFT) sea más visible, ya que suele no presentarse de manera clara en entidades bancarias ni en billeteras virtuales. Bancos y billeteras virtuales suelen informar principalmente la Tasa Nominal Anual (TNA), que es inferior al costo real del crédito, mientras que el CFT incluye la tasa básica, además de gastos adicionales, comisiones, seguros e impuestos obligatorios. Durante el encuentro, se planteó que “hoy la letra es ilegible”, lo que complica a quienes solicitan préstamos para conocer el monto total a abonar. Sin embargo, fuentes del Palacio de Hacienda adelantaron a Infobae que las medidas que anunciará el ministro de Economía, Luis Caputo, en su conferencia de prensa del miércoles no estarán relacionadas con la morosidad. El presidente Javier Milei recordó que “se está trabajando para mejorar la información y la transparencia en el otorgamiento de financiamiento” y afirmó que los indicadores de mora “no evidencian una crisis”, apoyándose en datos recientes del BCRA que muestran una baja del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, dato que el Ejecutivo utiliza como fundamento para descartar una intervención estatal directa.