La oposición busca reforzar el control sobre las privatizaciones impulsadas por el Gobierno
En el Congreso crecen los pedidos de informes y las críticas por la venta de empresas estatales, mientras el oficialismo avanza con AySA, Intercargo y activos energéticos.
La avanzada privatizadora impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a generar una creciente tensión política en el Congreso nacional, donde distintos sectores de la oposición buscan fortalecer los mecanismos de control y exigir explicaciones detalladas sobre los procesos de venta de empresas y activos estatales. El debate se intensificó luego de que el Ejecutivo oficializara nuevas licitaciones y operaciones vinculadas a infraestructura, energía, transporte y servicios públicos.
Según informó Infobae, el Gobierno publicó recientemente el llamado a licitación para vender el 90% del paquete accionario de AySA y avanzó además con procesos similares sobre Intercargo, el sistema ferroviario Belgrano Cargas y distintos corredores viales nacionales.
La política de desinversión estatal ya incluyó durante 2025 la privatización de IMPSA y la transferencia de las centrales hidroeléctricas del Comahue, entre ellas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. También se concretó recientemente la venta del 50% de Citelec, la controlante de Transener, operadora de buena parte del tendido eléctrico de alta tensión del país.
A este esquema se suma además la venta de propiedades estatales distribuidas en distintos puntos de Argentina, incluyendo terrenos ferroviarios y edificios públicos.
Frente a este escenario, la oposición anunció que intentará ejercer un seguimiento “estricto” sobre las operaciones desde el Congreso. El eje central será la comisión bicameral encargada de supervisar las privatizaciones, cuya conformación terminó favoreciendo al oficialismo.
La Libertad Avanza logró asegurarse el control de la comisión mediante una mayoría integrada por legisladores propios y aliados, incluyendo representantes libertarios, radicales y miembros de Provincias Unidas. La presidencia quedó en manos del senador neuquino Pablo Cervi, cercano al oficialismo.
Desde el peronismo cuestionaron esa composición y anticiparon una estrategia orientada a multiplicar pedidos de informes y avanzar eventualmente con presentaciones judiciales. El jefe del bloque peronista en el Senado, José Mayans, sostuvo que las privatizaciones serán objeto de revisión política y judicial.
Mayans acusó al Gobierno de vender activos estatales por debajo de su valor y cuestionó particularmente la operación vinculada a Transener. “La comisión va a mirar cuál es el daño que hicieron y qué relación tienen los compradores con el Presidente”, afirmó el legislador formoseño, quien definió el proceso como “un show de corrupción”.
En la Cámara de Diputados, legisladores de Unión por la Patria también adelantaron que intensificarán los pedidos de información. La diputada Florencia Carignano aseguró que durante 2025 ya se presentaron múltiples requerimientos sobre privatizaciones que, según denunció, obtuvieron respuestas parciales o incompletas.
Entre las empresas y procesos sobre los cuales se solicitaron informes aparecen Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE y YCRT, vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Según los legisladores opositores, varias de las respuestas oficiales se limitaron a reproducir información ya publicada en el Boletín Oficial, sin brindar precisiones técnicas, valuaciones completas ni detalles sobre los criterios utilizados para definir las operaciones.
Desde el peronismo sostienen además que algunas empresas y activos estarían siendo vendidos por debajo de su valor patrimonial y cuestionan la estrategia general del Ejecutivo sobre infraestructura y servicios públicos. “No hicieron un kilómetro de ruta y privatizan los corredores más rentables”, señalaron desde el bloque opositor.
Por su parte, desde el Gobierno defienden el programa de privatizaciones como parte central del esquema económico acordado con el Fondo Monetario Internacional. El viceministro de Economía, Juan Manuel Daza, explicó recientemente en la Bolsa de Comercio de Córdoba que el plan oficial contempla la obtención de aproximadamente diez mil millones de dólares mediante colocaciones y venta de activos estatales.
La estrategia económica oficial parte de la premisa de reducir la participación del Estado en áreas consideradas comercialmente explotables, independientemente de que algunas empresas generen ganancias o sean consideradas estratégicas.
Mientras tanto, el conflicto político alrededor de las privatizaciones promete convertirse en uno de los principales focos de tensión entre el oficialismo y la oposición durante el resto del año legislativo.
