Fiscales de América Latina cuestionaron al presidente por su comunicado contra los ficales Luciani y Mola

 

La Federación Latinoamericana de Fiscales se sumó a los cuestionamientos por la decisión del presidente Alberto Fernández de apoyar, en su calidad de titular del Ejecutivo, a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el pedido de condena a 12 años de prisión, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”: la entidad afirmó que este tipo de declaraciones ponen en crisis la democracia y la separación de poderes y advirtió que la “independencia judicial” debe estar garantizada en una república.

“Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de la doctora Fernández de Kirchner. Pero esta clase de pronunciamientos que hizo el presidente tienen un fin político: lo hace porque es su compañera de fórmula. No saldría un comunicado así por un ciudadano común”, dijo a Infobae Ronald Segura, presidente de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. “Esta situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es totalmente inadecuado”.

Tras afirmar que “al emitir ese comunicado, el presidente está violentando la carta democrática americana y la división de poderes”, el titular de la agrupación latinoamericana afirmó que ahora se está hablando de movilizaciones y que les preocupa la seguridad personal de los fiscales. “Ya contamos cuatro fiscales asesinados en la región ( Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”.

El comunicado que lleva el titulo de “Caso de los Fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de la República de Argentina” señala que se “viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con alta trascendencia social o a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales”.

Según se señaló, “consecuentemente, se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.

Y se añadió que “la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder. En este orden de ideas, cabe resaltar que la vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”.

“Hemos observado que, en estos días, el Señor Presidente de la Nación Argentina, durante el juicio oral y público, después que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial, en donde sostuvo que ‘El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad…’, adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, dice el escrito

“Dichas expresiones ponen en tensión los principios de un Estado de Derecho, constituyendo una injerencia indebida en la tarea judicial, máxime que el Poder Ejecutivo, es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia, y colaboradores”, sostuvo la agrupación.

“Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, se agregó.

El texto del comunicado afirmó que “este llamado de atención en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial; por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.