El oficialismo busca aprobar el Super RIGI antes de fin de junio y suma negociaciones con bloques aliados

La Cámara de Diputados comenzó a acelerar el tratamiento de una nueva agenda legislativa impulsada por el Gobierno nacional, que tiene como principal objetivo la aprobación del denominado Super RIGI, un régimen orientado a fomentar grandes inversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. La iniciativa podría llegar al recinto durante la segunda quincena de junio, dependiendo del nivel de consenso alcanzado con las fuerzas aliadas.

El proyecto está dirigido a emprendimientos que superen los USD 1.000 millones de inversión y busca atraer capitales hacia actividades vinculadas a la innovación tecnológica, la transición energética y la industria avanzada. Entre los sectores alcanzados figuran la producción de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables y proyectos relacionados con la cadena de valor del uranio.

De acuerdo con información publicada por Infobae, el cronograma previsto contempla reuniones informativas en comisión durante las próximas semanas para exponer los alcances de la propuesta y avanzar posteriormente hacia la firma de dictamen. La intención oficial es habilitar el debate parlamentario el 18 de junio, aunque la fecha podría trasladarse al 24 si las negociaciones requieren más tiempo.

El régimen contempla una serie de beneficios fiscales y aduaneros destinados a mejorar la competitividad de los proyectos. Entre ellos se incluyen una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias, mecanismos de amortización acelerada para inversiones en infraestructura y bienes de capital, facilidades para la deducción de pérdidas acumuladas y una carga impositiva menor sobre dividendos distribuidos.

Asimismo, prevé exenciones vinculadas al comercio exterior, elimina retenciones para las exportaciones realizadas bajo este esquema y establece límites para la aplicación de impuestos provinciales y tasas municipales en las jurisdicciones que adhieran al programa. A ello se suma un esquema de estabilidad regulatoria por un período de 30 años.

Durante las reuniones mantenidas con representantes del PRO y la UCR surgieron algunas observaciones sobre la propuesta. Entre ellas, la posibilidad de incorporar un porcentaje mínimo de contratación de proveedores nacionales y una definición más precisa de las actividades que podrían ser consideradas como “industrias del futuro”.

Mientras tanto, sectores opositores cuestionaron el alcance de los beneficios otorgados a las grandes empresas y advirtieron sobre el impacto que podrían tener las garantías ofrecidas a largo plazo. También señalaron reparos respecto a los mecanismos previstos para la resolución de controversias internacionales y al eventual efecto fiscal del régimen sobre la recaudación futura.