El Gobierno se mantiene al margen del caso $LIBRA y descarta nuevas medidas

 

El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la investigación judicial vinculada al caso de la criptomoneda $LIBRA, pese a las recientes revelaciones que ampliaron el alcance de la causa y sumaron nuevos elementos de análisis. Desde el Ejecutivo sostienen que ya se brindó toda la información requerida en instancias previas y que no está previsto adoptar nuevas medidas en relación con el expediente.

En los últimos días, la causa volvió a cobrar relevancia pública tras la difusión de un supuesto contrato en el que se mencionaba un posible pago al presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda. A esto se sumó la circulación de presuntos intercambios de mensajes entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y uno de los imputados en la causa, el empresario Mauricio Novelli.

Si bien también se viralizaron conversaciones atribuidas al propio mandatario, fuentes oficiales indicaron que esos contenidos fueron desmentidos y considerados falsos. No obstante, las filtraciones de información generaron malestar en el ámbito gubernamental, lo que derivó en la apertura de una investigación interna en la Procuración General de la Nación para determinar el origen de esas filtraciones.

Según consignó Infobae, el organismo encabezado por Eduardo Casal ordenó un sumario interno y promovió una denuncia penal para esclarecer cómo se difundieron datos del expediente judicial. La investigación apunta a posibles irregularidades en el manejo de información sensible dentro de áreas vinculadas al sistema judicial.

Desde el Ministerio de Justicia, el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, aclaró que el Ejecutivo no solicitó esa intervención y remarcó que la denuncia fue impulsada por la propia Procuración. En esa línea, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno no aportará nueva información al expediente y que considera cumplidas sus obligaciones en relación con la causa.

En ese sentido, indicaron que la participación del Ejecutivo en el proceso se limitó a la colaboración inicial a través de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en el ámbito de la Oficina Anticorrupción en 2025 y posteriormente disuelta. Según explicaron, esa instancia permitió remitir la información disponible en ese momento y no se prevé reactivar mecanismos similares.

Desde el entorno del Gobierno también remarcaron que el Ministerio de Justicia no interviene en causas judiciales en trámite, en línea con el principio de división de poderes. De igual manera, la Procuración del Tesoro Nacional, que depende del Poder Ejecutivo, indicó que no adoptará medidas ya que su función se limita a la defensa jurídica del Estado.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando en el ámbito judicial y también en el Congreso, donde se conformó una comisión investigadora que comenzó a solicitar informes a distintos funcionarios. Entre los requerimientos se incluyen pedidos de información dirigidos al presidente, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros integrantes del entorno gubernamental.

En el plano judicial, uno de los focos de la investigación se centra en el análisis de los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, considerado uno de los principales implicados en el desarrollo de la criptomoneda. Según trascendió, el cruce de comunicaciones podría aportar datos relevantes sobre la vinculación entre los desarrolladores del token y actores del ámbito político.

El origen de la controversia se remonta a comienzos de 2025, cuando el presidente Milei difundió en sus redes sociales información sobre la criptomoneda $LIBRA, que se presentaba como una herramienta de inversión con altos rendimientos en dólares. Posteriormente, la iniciativa derivó en denuncias por presuntas estafas que habrían afectado a inversores.

A fines de ese mismo año, la justicia federal unificó las causas bajo la figura de estafa y asociación ilícita, mientras que la querella sostiene que la promoción pública de la criptomoneda fue un factor determinante para la captación de inversores.

En este contexto, el Gobierno busca diferenciar la responsabilidad institucional del Estado de las actuaciones individuales que pudieran estar bajo investigación, mientras la causa continúa su curso en los ámbitos judicial y legislativo.