La Municipalidad de La Rioja presentó amparo ante el Tribunal Superior de Justicia por los fondos de la coparticipación

 Además estuvieron presente el vice intendente Guillermo Galván, miembros del Gabinete Municipal, diputados Provinciales de Juntos por La Rioja y Concejales.

La jefa comunal inició la presentación, dejando en claro que, desde siempre se buscó el camino del diálogo. “Antes de asumir empecé con nuestro planteo con el señor gobernador, entendiendo que teníamos una oportunidad histórica, de romper la confrontación que se dio en los últimos 20 años;  torcer la historia y hacer algo distinto para los riojanos y riojanas”.

Continuó diciendo que “planteamos que debíamos revisar cómo se estaba aplicando la ley y le planteamos la salida, le propusimos un acuerdo financiero que permitiera garantizar la autonomía financiera, hasta que se modificara la ley. A un año y medio no hemos tenido resultados y hemos tenido la respuesta negativa del Gobernador, que nos ha dicho que no hay posibilidad de un acuerdo financiero”.

Seguidamente Brizuela y Doria detalló que la presentación plantea, en primer lugar, que la ley significó un retroceso en cuanto a la distribución de recursos “es una ley centralista, unitaria que concentra el poder y que establece un mecanismo absolutamente discrecional de distribución”, indicó.  Asimismo, reiteró que antes de la ley, la provincia distribuía el 19,4% de la coparticipación neta que recibía, mientras que a partir de la aplicación de la ley 9782, la distribución es tan solo el 9,6%. “Hemos retrocedido de manera escandalosa en el sistema de reparto”, expresó al respecto.

El segundo planteo que mencionó la Intendenta, fue la incorrecta aplicación de la ley, ya que, previo a distribuir los recursos que ingresan en concepto de Coparticipación Federal, la Provincia hace una retención ilegal del 20% de esos fondos. Ese dinero se utilizan para pagar los aportes de los empleados públicos provinciales a la ANSES y cuotas de deudas contraídas por el estado provincial, “todos los Municipios pagamos los aportes a la ANSES, pero además se utiliza para  pagar las cuotas de los prestamos asumidos por la provincia. Son préstamos en los que no intervenimos los intendentes en la decisión, ni en el uso de los recursos”.

La mandataria enfatizó sobre ese aspecto, ya que si no se hiciera esa retención, el Municipio de la Capital, sólo en el primer cuatrimestre del 2021, habría recibido165.700.000 de pesos. Lo cual hubiera permitido convertir al sistema led las 26 mil luminarias que conforman el sistema de alumbrado público de la ciudad; o realizar asfaltado a 17 cuadras por mes; o bien renovar el parque automotor en un lapso de ocho meses.

El tercer planteo apunta al criterio que aplica el Gobierno Provincial es arbitrario y unidireccional,  “lo hace de manera arbitraria, acentuando  el centralismo e impidiendo el desarrollo de los pueblos, lo cual afecta la calidad de vida de los riojanos y riojanas, no solo de la capital, sino de cada uno de los departamentos”.

El cuarto aspecto que mencionó la intendenta fue el Fondo de Financiamiento Educativo. Creado por ley en el año 2013, con el fin de financiar a las entidades de la educación formal y no formal que no dependan directamente del Gobierno Provincial. El mismo debe ser coparticipado a los municipios; pero que nunca, desde la puesta en marcha de la Ley, se giró el dinero correspondiente al Municipio Capital.

Si ese fondo se hubiese distribuido en el primer cuatrimestre del 2021, la Municipalidad dispondría de 91 millones de pesos. Lo cual hubiese permitido la construcción de una escuela o dos jardines; o bien un nuevo edificio para la Escuela Fangio a la que asisten 1000 alumnos,  y además se podría completar la infraestructura de la escuela Juan Domingo Perón.

Inés Brizuela y Doria exclamó que “sin una adecuada distribución de recursos no hay federalismo posible” y definió a la autonomía como “un modelo de desarrollo bienestar y calidad de vida”. “Sin autonomía financiera no hay posibilidad de cumplir con las competencias y no se puede mejorar en la calidad de vida de la gente. No se pueden tapar los baches, llevar los servicios, poner luz en las calles oscuras no se puede construir plazas. En definitiva se impide el desarrollo de los pueblos”, añadió.

Por último, la Intendenta afirmó: “empezamos un camino que va a ser duro y largo, probablemente el resultado de este camino no lo tenga en mi gestión pero si lo van a tener las futuras generaciones de riojanos y riojanas.  Estoy convencida de que esto va a traer justicia y paz social, para que cada uno pueda desarrollar el plan de gobierno que cada vecino en elecciones democráticas eligió. Vamos por la justicia y el bienestar de los riojanos y riojanas”.

El fiscal de Estado Municipal, Pedro Carreño, brindó los argumentos jurídicos de la presentación y sentenció que se trata de una ley inconstitucional, ya que “el contenido de la misma, es una demostración de cómo y con qué alcance, la ley viola la Constitución Nacional y Provincial.  Añadió además que: “todo esto resulta un daño en lo político, pero especialmente en lo económico, financiero, en lo administrativo y en lo socio cultural, un perjuicio comprobable de gran magnitud a los vecinos de la ciudad”.

El jurista Antonio María Hernández  ratificó todos los dichos y argumentos tanto de la Intendenta como del Fiscal y consideró que “no hay dudas de que la ley N° 9782 es groseramente inconstitucional”. “Simplemente hay que ver el texto de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y sobre todo el fallo de la corte que de 2014, que reconoce un amplio poder tributario para los Municipios”.