El Ejecutivo sanjuanino presentó al Concejo Deliberante el “Programa de Relocalización Vecinal y Recuperación de Inmuebles para el Uso Público”

El proyecto de ordenanza impulsado por Capital, que busca el apoyo de los ediles para la relocalización de familias que viven frente al Teatro del Bicentenario, abrió la polémica entre los concejales.

 

La presentación de un proyecto del Ejecutivo capitalino en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Concejo Deliberante generó una polémica tal que hasta los ediles socios de la gestión que lidera Emilio Baistrocchi decidieron no darle lugar hasta que no haya correcciones que ellos consideran fundamentales.

La discusión más álgida se dio el miércoles en la mañana cuándo desde el Ejecutivo se intentaba que la Comisión le diera lugar al proyecto de ordenanza municipal para la creación del “Programa de Relocalización Vecinal y Recuperación de Inmuebles para el Uso Público”. Con lo que no contaban los funcionarios es que tantos ediles opositores y oficialistas le apuntaran a tres párrafos que estaban mal confeccionados o poco claro.

Uno de ellos está en el primer artículo de la ordenanza en la cual se pide, desde el texto, que se le permita negociar con los vecinos que están ocupando tierras municipales o provinciales. Lo último es lo que llamó la atención a los concejales por advertir que el Deliberante no tiene potestad para legislar sobre jurisdicción provincial. 

En este mismo sentido, Mariano Domínguez de ACTUAR, contó que “no podemos habilitar al Municipio a negociar con propietarios de terrenos que no nos definen si son de propiedad municipal o provincial. Y es sumamente importante porque nosotros no tenemos potestad para avanzar sobre lo provincial”.

A esto se le suma que en la aprobación de lo presentado, los ediles le daban la derecha a que desde la Comuna se comprometiera con los ocupantes ilegales de las tierras a que sean beneficiarios de una vivienda del IPV. Misma situación con el párrafo anterior ya que desde un Concejo no se puede aprobar ni involucrarse en una institución de índole provincial.

Y el último punto observado es el pedido de autorización para el pago de un monto que alcanzaría los $10 millones como subsidio de relocalización de los que ocupan los terrenos ilegalmente. Situación que generó malestar entre los ediles porque no se especificaba cuánto dinero iría a cada quién y tampoco brinda detalles de dónde saldrá el dinero ya que no saben si serán partidas reasignadas o serán fondos que ingresará con convenios con otras instituciones públicas.

En este contexto es que se decidió no darle lugar en el orden del día de la sesión de este jueves y, según le confirmó el presidente del Concejo, Ariel Palma, a Diario Huarpe, “se decidió corregir los puntos observados y volver a discutirlo en la Comisión el próximo lunes.