Uruguay: la central sindical PIT-CNT repudia el proyecto de ley que beneficiaría con prisión domiciliaria a represores

La iniciativa de otorgar domiciliaria a mayores de 65 años alcanzaría a 26 militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

Uruguay: la central sindical PIT-CNT repudia el proyecto de ley que beneficiaría con prisión domiciliaria a represores

 

La central sindical de Uruguay PIT-CNT repudió el proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, una propuesta que beneficiaría a 26 represores de la última dictadura militar. La iniciativa fue presentada por el partido conservador Cabildo Abierto (CA), liderado por el senador y militar retirado Guido Manini Ríos. Actualmente la propuesta está en debate con posturas divergentes al interior de la coalición multicolor de derecha.

“Relativizar la gravedad”

La Mesa Representativa del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores) expresó que se opondrá a que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad “no paguen por sus delitos con prisión efectiva”.

La propuesta está dirigida a los privados de libertad que no hubieran cometido delitos de violación, homicidio agravado o delitos de lesa humanidad, una figura habilitada para hechos posteriores a 2006, cuando se incluyó en el código penal uruguayo.

“Defenderemos la democracia y un estado de derecho de quienes fueron parte de la dictadura y ejercieron el terrorismo de Estado”, indicó el PIT-CNT en un comunicado difundido a última hora de ayer. Fernanda Aguirre, directora de la secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la central, explicó que la iniciativa de Cabildo Abierto, formación que integra la coalición gobernante, es una manera de “amparar y tratar de relativizar la gravedad que tienen quienes cometieron crímenes tan atroces, como violaciones, asesinatos, secuestros de niños y desaparición forzada”.

“Relativizar la gravedad de esos delitos también es hacerle un guiño a períodos dictatoriales”, afirmó Aguirre. La declaración es la primera medida de una serie de acciones que se tomarán para evitar que la iniciativa prospere, agregó Aguirre, quien además es la directora del Observatorio Luz Ibarburu (OLI). El próximo 16 de noviembre, junto al equipo de OLI, la secretaría comparecerá a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado para opinar sobre el proyecto.

Lacalle Pou “a priori” a favor

En los últimos días el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se mostró a favor de la propuesta y dijo que estaban estudiando el proyecto. “Quizás tengamos alguna duda respecto la edad, por generar un régimen especial”, explicó el mandatario, que a su vez añadió que uno de los cambios a proponer sería pasar la edad a 70 años. “Es la primera aproximación a una visión a priori positiva sobre el tema”, señaló.

El proyecto actualmente está en debate. Desde el Partido Nacional de Lacalle Pou existen opiniones divergentes sobre el tema. El senador nacionalista Gustavo Penadés (PN) adelantó su posicionamiento personal: “A priori estoy a favor del proyecto”, afirmó al diario La Diaria. Mientras que su compañero de formación, Jorge Gandini aseguró al matutino uruguayo que tiene “algunas dudas importantes” sobre la propuesta.

Desde el Partido Colorado, también integrante de la coalición de gobierno, el senador Raul Batlle indicó que “así como está” considera difícil que su partido apruebe la propuesta. Citado por La DiariaBatlle señaló que se menciona “sólo al voleo el tema de la covid”. Además, consideró que la situación en las cárceles tampoco justifica el proyecto. “Si las cárceles están mal y hay hacinamiento y eso, el tema de fondo es ese” y “hay que arreglarlo”, afirmó.

Los senadores que impulsan la iniciativa para otorgar prisión domiciliaria aseguran que el proyecto de ley “busca proteger a la población de mayor riesgo ante la posibilidad de surgimiento de un brote de covid-19, en particular de nuevas cepas en los establecimientos de reclusión”.

Posiciones en contra

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, había afirmado que no comparte la iniciativa porque el beneficio es una “señal muy dirigida” a las personas presas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Mientras que agrupaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado en Uruguay, como el colectivo Memoria en Libertad, expresó su rechazo al proyecto. Citados por  La Diaria, señalaron que los “pobres viejitos”, como “alguna vez los han llamado, para generar lástima en la sociedad, son militares que cometieron delitos que incluyeron secuestro, persecución, violación, tortura, prisión, asesinato, allanamientos domiciliarios y robo de bebés”.

“Ellos no tuvieron en cuenta ningún principio humanitario cuando cometieron estos crímenes aberrantes por los que están hoy juzgados. Es contradictorio plantear la emergencia sanitaria, cuando Cabildo Abierto, que es gobierno, sigue levantando restricciones impuestas por la covid-19“, señalaron.

También consideran preocupante que Lacalle Pou tiene previsto reunirse con una representante del Foro de Montevideo, una organización que busca la liberación de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Desde Memoria en Libertad señalan que en cambio, la organización que nuclea a los expresos políticos (Crysol) “no ha recibido respuesta a su pedido de reunión y en Memoria en Libertad nunca se nos contestó el pedido de reunión solicitado en octubre de 2020”, reclamaron.

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