Lula promulgó una ley contra el crimen organizado y advirtió que Brasil “no necesita matanzas” tras la masacre de Río

 

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una nueva Ley de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que aumenta la protección a los agentes públicos y agrava las penas contra quienes intenten obstaculizar investigaciones vinculadas al narcotráfico y las organizaciones criminales. El anuncio llegó en medio de la conmoción nacional por el operativo policial más letal en la historia de Río de Janeiro, que dejó más de 130 muertos, según organismos locales.

Durante la promulgación, Lula sostuvo que el país “necesita una política de seguridad pública moderna, integrada y que no convierta las favelas en zonas de guerra”. La norma busca unificar fuerzas policiales y crear mecanismos de control federal sobre las operaciones regionales, con el propósito de evitar abusos y mejorar la coordinación. “El gobierno brasileño no tolera a las organizaciones criminales y actúa con firmeza para combatirlas”, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

El contexto de la medida es dramático. La Operación Contención, lanzada el martes por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dejó un saldo oficial de 121 muertos y 113 detenidos, aunque la Defensoría Pública elevó el número de víctimas a 132, señalando que muchos de los fallecidos no pertenecían a facciones criminales. Según reconstruyó Página/12, el operativo movilizó unos 2.500 agentes de las policías Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão, con el objetivo de capturar a los líderes del Comando Vermelho, la organización narcotraficante más antigua del país.

Vecinos y activistas denunciaron ejecuciones sumarias y abusos durante la redada. “Hay personas ejecutadas con tiros en la nuca o por la espalda. Esto no puede considerarse seguridad pública”, advirtió el referente social Raull Santiago. En Vila Cruzeiro, una de las zonas más afectadas, los habitantes pasaron la madrugada recuperando cuerpos entre los restos de los enfrentamientos.

“Nunca vi nada igual, ni siquiera en la Franja de Gaza”, describió Erivelton Vidal Correia, presidente de una asociación vecinal. Historias desgarradoras se multiplicaron entre los sobrevivientes: Raquel Tomas, madre de un joven de 19 años, denunció que “degollaron a mi hijo y colgaron su cabeza en un árbol como un trofeo”.

El caos se extendió a buena parte de la ciudad: escuelas y universidades suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de personas permanecieron encerradas en sus casas. “Esto ha sido una masacre, no una operación. Vinieron a matar”, expresó Cida Santana, madre de otra de las víctimas.

Lula reiteró que el combate al crimen debe centrarse en desarticular las redes financieras y logísticas del narcotráfico, no en promover la represión indiscriminada. “El crimen organizado no se combate con matanzas, sino con medidas que descapitalicen a las bandas y golpeen sus estructuras financieras”, escribió el mandatario.

Recordó que su administración ya envió al Congreso un proyecto para crear una coordinación federal de seguridad, con foco en la inteligencia y el control operativo. Como ejemplo, citó la gran operación de agosto contra el Primer Comando de la Capital (PCC), que desmanteló una red dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero. “Brasil no puede aceptar que el crimen siga destruyendo familias y oprimiendo a la población”, afirmó.

En respuesta a la crisis, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, viajó a Río y se reunió con el gobernador Castro. Anunciaron la creación de una Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, que coordinará acciones entre fuerzas nacionales y regionales. Lewandowski aclaró que el apoyo federal se concentrará en la inteligencia financiera y el aislamiento carcelario de líderes criminales, no en el despliegue de más efectivos. “La principal herramienta de combate al crimen son las investigaciones que identifiquen y embarguen sus recursos”, subrayó.

El gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la redada y la calificó como un “día histórico” para Río. “Las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos. No hubo inocentes. Los fallecidos eran narcoterroristas”, declaró, utilizando un término recurrente en el discurso bolsonarista.

Castro afirmó que los enfrentamientos se produjeron “en el bosque” y que “ninguna persona inocente estaría allí durante un día de conflicto”. Estas declaraciones fueron respaldadas por sectores de la derecha brasileña, que consideraron el operativo un “modelo exitoso” contra el crimen.

Ante la gravedad de los hechos, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, convocó al gobernador y a los jefes de las policías Civil y Militar a una audiencia el próximo lunes para explicar el uso de la fuerza, el número de agentes desplegados y las circunstancias de las muertes.

Pese a las denuncias, la derecha cerró filas en torno a Castro. Gobernadores como Ronaldo Caiado (Goiás) y Romeu Zema (Minas Gerais) lo felicitaron públicamente, mientras el senador Flávio Bolsonaro utilizó las redes para insistir en que las facciones criminales deben ser consideradas “organizaciones terroristas”.

En la misma línea, Carlos Bolsonaro acusó al gobierno de Lula de “renunciar a su soberanía en materia de seguridad” por aceptar la cooperación con Estados Unidos. Según el legislador, Donald Trump habría presionado a Brasil para permitir “acciones conjuntas” contra grupos armados.