Estados Unidos imputó a Raúl Castro por el derribo de avionetas de “Hermanos al Rescate”
La Justicia estadounidense acusó al expresidente cubano de ordenar el ataque contra dos aeronaves civiles en 1996. Cuba denunció una maniobra política y rechazó los cargos.
El gobierno de Estados Unidos imputó formalmente al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo de dos avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996. La acusación representa una nueva escalada en la histórica tensión entre Washington y La Habana y reabre uno de los episodios más sensibles del conflicto bilateral de las últimas décadas.
La causa judicial fue presentada por la Fiscalía estadounidense, que sostiene que Raúl Castro ordenó el ataque contra las aeronaves de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, un grupo que realizaba operaciones aéreas de apoyo a balseros cubanos que intentaban abandonar la isla.
En el derribo murieron los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, además del residente legal Pablo Morales.
Según la acusación, Raúl Castro —quien en ese momento se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba— ocupaba una posición central dentro de la cadena de mando que decidió la destrucción de las aeronaves.
La imputación también alcanza a otros militares cubanos presuntamente involucrados en el operativo, entre ellos Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
La Justicia estadounidense sostiene que el ataque se produjo en espacio aéreo internacional y considera que las aeronaves civiles fueron derribadas deliberadamente por aviones militares cubanos.
El caso había permanecido durante décadas como uno de los principales reclamos de sectores anticastristas radicados en Miami y vuelve ahora al centro de la agenda diplomática entre ambos países.
La acusación contempla penas que podrían incluir cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, afirmó durante una conferencia de prensa que espera que Raúl Castro comparezca “por su propia voluntad o de otra forma”, aunque evitó precisar si Washington evalúa mecanismos extraordinarios para intentar detener al exmandatario cubano.
Blanche realizó las declaraciones frente a la denominada Torre de la Libertad de Miami, un lugar emblemático para la comunidad cubanoamericana exiliada.
La respuesta del gobierno cubano fue inmediata y contundente.
El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la imputación como una “acción política sin basamento jurídico” y aseguró que busca justificar nuevas agresiones contra la isla.
“El gobierno cubano actuó en legítima defensa”, sostuvo Díaz-Canel, quien argumentó que las aeronaves habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano pese a múltiples advertencias realizadas previamente a las autoridades estadounidenses.
Desde La Habana también remarcaron que los vuelos de Hermanos al Rescate incluían operaciones propagandísticas sobre territorio cubano y que existían antecedentes de denuncias diplomáticas realizadas ante Washington.
El encargado de Negocios interino de la Embajada de Cuba en Argentina, Leonardo Baster, sostuvo además que la acusación busca instalar la idea de un gobierno cubano incapaz de sostener el desarrollo interno del país.
“No hay un argumento válido para esta falsa imputación”, afirmó el diplomático en declaraciones citadas por Página/12.
La decisión judicial estadounidense se produjo además el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó un inusual mensaje en español dirigido a la población cubana, donde ofreció una “nueva relación” entre ambos países.
Rubio, de ascendencia cubana, responsabilizó al gobierno de la isla por la crisis energética y económica que atraviesa el país y acusó específicamente al conglomerado empresarial militar GAESA —fundado por Raúl Castro— de haber saqueado recursos estatales.
El funcionario sostuvo además que la nueva relación propuesta por Washington debe establecerse “directamente con el pueblo cubano”.
Las tensiones entre ambos países ocurren en medio de una fuerte crisis económica en Cuba, agravada por problemas energéticos, escasez de combustible y dificultades para garantizar abastecimiento básico.
Semanas atrás, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto que amenaza con imponer sanciones y aranceles a países que exporten petróleo hacia Cuba.
Desde La Habana insisten en que el embargo económico estadounidense continúa siendo la principal causa de las dificultades materiales que atraviesa el país.
“No ha sido Cuba la que históricamente se opuso a una relación de buena vecindad”, sostuvo Leonardo Baster, quien volvió a reclamar el levantamiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962.
