El Gobierno incluirá a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas
La medida implicará sanciones financieras y restricciones operativas. Se enmarca en una política exterior alineada con Estados Unidos e Israel.
El Gobierno nacional avanzará en la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que implicará su categorización como organización terrorista dentro del sistema legal argentino.
La decisión forma parte de una estrategia de política exterior que refuerza el posicionamiento del país en relación con el conflicto en Medio Oriente y su vínculo con Estados Unidos e Israel. En ese marco, la medida se suma a otras definiciones recientes en materia de seguridad internacional y cooperación en inteligencia.
La Guardia Revolucionaria es una fuerza creada tras la revolución iraní de 1979 y constituye uno de los principales pilares del aparato militar de ese país. En enero, el Gobierno ya había avanzado en la inclusión de la Fuerza Quds, su brazo operativo en el exterior, en el mismo registro.
La incorporación al RePET implica una serie de consecuencias legales y financieras, entre ellas el congelamiento de activos, la prohibición de operar dentro del sistema financiero local y la posibilidad de profundizar investigaciones vinculadas al financiamiento del terrorismo. Además, habilita una mayor articulación con organismos internacionales en materia de seguridad.
La decisión se da en un contexto de declaraciones oficiales que endurecieron la posición del Ejecutivo frente a Irán, con referencias directas a atentados ocurridos en Argentina y a la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas en el plano internacional .
Desde Irán, en tanto, ya se habían manifestado críticas ante medidas similares adoptadas por el Gobierno argentino, al considerar que la designación de una fuerza armada estatal como organización terrorista es incompatible con el derecho internacional.
El anuncio refuerza una línea de acción que el Ejecutivo viene desarrollando en los últimos meses, que incluye la incorporación de distintas organizaciones al registro y una mayor alineación con agendas internacionales vinculadas a la seguridad y la lucha contra el terrorismo.
En este escenario, la medida no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas, al incidir en las relaciones diplomáticas y en el posicionamiento del país en el contexto global.
