El Gobierno reforzará los controles al comercio ante el avance de la evasión

 

El Gobierno nacional prepara una mayor fiscalización sobre el comercio para combatir la evasión impositiva y ampliar la base de contribuyentes. La iniciativa comenzó a tomar forma luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de las principales cadenas de supermercados, que reclamaron controles más estrictos sobre los establecimientos que operan total o parcialmente en la informalidad.

La preocupación oficial se produce en un contexto de caída de la recaudación y debilitamiento del consumo. Durante los primeros meses del año, los ingresos tributarios retrocedieron más de un 5% en términos reales, mientras que las ventas de las grandes cadenas de supermercados disminuyeron un 3,7% interanual en abril y acumularon una baja del 3,3% durante el primer cuatrimestre.

Aunque las ventas desestacionalizadas mostraron una mejora mensual del 0,8%, los empresarios aseguran que la situación financiera del sector continúa siendo delicada. Las compañías sostienen que no pudieron actualizar sus precios al mismo ritmo que la inflación y que la reducción del consumo, el aumento de los costos y la competencia de comercios informales deterioraron sus márgenes.

Según informó Ámbito, las grandes cadenas argumentaron que cumplen con la totalidad de las obligaciones tributarias y mantienen registrado a su personal, mientras compiten con establecimientos que subdeclaran ventas o pagan parte de los salarios fuera del sistema formal. Desde el sector estiman que la informalidad alcanza entre el 50% y el 60% del comercio, y que en algunos rubros, como la carne, llega al 65%.

La intención del Ejecutivo es mejorar el cruce de información mediante las herramientas tecnológicas disponibles e incorporar eventualmente sistemas de inteligencia artificial. El objetivo será detectar inconsistencias entre los ingresos declarados, los movimientos financieros, los consumos y los volúmenes de mercadería comercializados por cada establecimiento.

Los supermercadistas señalaron como antecedente positivo el esquema aplicado en 2019 por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad, el organismo reforzó los controles sobre los comercios de proximidad con elevados niveles de subdeclaración para mejorar la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Desde las cadenas consideran que la falta de comprobantes fiscales constituye uno de los principales indicios de operaciones no registradas. También plantearon que una mayor trazabilidad permitiría detectar contribuyentes cuyos gastos superan ampliamente los ingresos declarados y comercios que registran a trabajadores por jornadas parciales, pese a que cumplen horarios completos.

La situación empresarial también quedó reflejada en recientes movimientos del mercado. La cadena Libertad, con una presencia importante en el interior del país, fue vendida, mientras que Carrefour llegó a poner en marcha un proceso para desprenderse de sus operaciones en Argentina, aunque luego resolvió cancelarlo.

En la reunión participaron además el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Con este último se discutió la evolución de las paritarias de los empleados de comercio y el impacto de los costos laborales sobre la actividad de los supermercados.

Los salarios del sector perdieron alrededor de un 10,5% de poder adquisitivo entre mayo de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con registros oficiales. Los representantes empresariales, sin embargo, advirtieron que el costo laboral representa más de la mitad de sus gastos y afirmaron que una parte significativa de las cargas adicionales no llega directamente a los trabajadores.

Las negociaciones salariales del sector son conducidas actualmente por la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas. Los supermercados analizan incorporarse directamente a esa discusión, una posibilidad que podría abrirse a partir de los cambios introducidos por la reforma laboral.

El Gobierno buscará así aumentar la recaudación mediante la incorporación de contribuyentes hoy subregistrados, en lugar de continuar elevando la presión sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones. Para las grandes cadenas, una fiscalización más amplia permitiría reducir la competencia desleal y mejorar las condiciones de un sector afectado por la contracción del consumo.