La Justicia volvió a frenar la transformación del Banco Nación en sociedad anónima
Un juzgado federal de La Plata prorrogó por seis meses la medida cautelar que suspende el decreto del Gobierno nacional. La reforma no podrá aplicarse al menos hasta septiembre de 2026.
La Justicia federal volvió a frenar el intento del Gobierno nacional de transformar el Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió extender por otros seis meses la medida cautelar que suspende los efectos del Decreto 116/2025, norma impulsada por el Poder Ejecutivo que disponía modificar la estructura jurídica de la principal entidad financiera pública del país.
La decisión judicial mantiene bloqueada la implementación de la reforma al menos hasta septiembre de 2026 y obliga al Poder Ejecutivo a abstenerse de adoptar cualquier medida administrativa o reglamentaria orientada a avanzar con la conversión del banco estatal mientras la cautelar continúe vigente. El Banco Nación es la mayor entidad financiera pública de la Argentina y cumple un rol central en el financiamiento de sectores estratégicos como el agro, las pequeñas y medianas empresas y el comercio exterior, por lo que cualquier modificación en su estructura institucional tiene impacto directo en la política financiera nacional.
La causa judicial fue iniciada por trabajadores de la entidad que cuestionaron la legalidad de distintas decisiones vinculadas a un eventual proceso de transformación institucional o privatización. El expediente continúa en trámite y cuenta con recursos pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que mantiene abierto el conflicto judicial.
La primera cautelar había sido dictada el 13 de marzo de 2025 por el propio Ramos Padilla, quien suspendió los efectos del decreto durante seis meses. Posteriormente, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión y rechazó los planteos del Estado nacional y del Banco Nación que buscaban revertir el fallo. Ante el vencimiento del plazo inicial, la medida ya había sido prorrogada en septiembre de 2025 y nuevamente confirmada por la Cámara un mes después.
Al acercarse el nuevo vencimiento, los demandantes solicitaron una nueva extensión al considerar que el litigio principal aún no cuenta con una sentencia definitiva. El magistrado aceptó ese planteo y resolvió mantener vigente la cautelar para evitar que la ejecución del decreto produzca efectos institucionales o jurídicos difíciles de revertir en caso de que la Justicia determine finalmente su invalidez.
En su resolución, el juez señaló que el objetivo de las medidas cautelares es impedir que el paso del tiempo o la ejecución de los actos cuestionados frustren el resultado del proceso judicial. En este caso, remarcó que el expediente sigue bajo revisión y que existen recursos pendientes en instancias superiores, por lo que levantar la suspensión podría tornar ilusoria la decisión final sobre la legalidad del decreto.
El conflicto judicial se originó en junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del banco presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y contra la propia entidad. Los demandantes cuestionaron una resolución del directorio que había contratado asesoramiento jurídico para analizar un proceso de reestructuración institucional que incluía la posibilidad de convertir el banco en sociedad anónima.
En septiembre de ese mismo año, el juzgado de primera instancia sostuvo que ni el DNU 70/2023 ni las decisiones internas del banco habilitaban por sí solas un cambio en su naturaleza jurídica, y que una modificación de ese tipo solo podría concretarse mediante una ley aprobada por el Congreso. El escenario volvió a tensionarse en febrero de 2025 cuando el Gobierno dictó el Decreto 116/2025, que dispuso formalmente la transformación del Banco Nación en sociedad anónima.
La nueva resolución judicial no resuelve el fondo del conflicto, pero mantiene congelado el plan oficial para modificar la estructura jurídica de la entidad. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en los tribunales y podría terminar siendo definido por la Corte Suprema, que tiene en estudio los recursos presentados por el Estado nacional y por el propio banco.
