Revés judicial para Rodríguez Saá en San Luis

 

En la recta final hacia las elecciones generales que definirán la conformación del nuevo Congreso, la justicia electoral de San Luis ratificó este martes el fallo que impide la aplicación de una serie de programas económicos impulsados por el gobierno de Alberto Rodríguez Saá hasta después del 15 de noviembre.

La decisión fue confirmada luego de que el juez federal con competencia electoral  Juan Esteban Maqueda rechazó la apelación del gobierno provincial contra la medida cautelar que suspendió planes económicos y subsidios a desempleados.

Tampoco hizo lugar a la recusación presentada contra el fiscal Federal Cristian Rachid, quien justamente materializó la medida tras una denuncia impulsada por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio, que cuestionó a Rodríguez Saá por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”.

La denuncia involucra unos 400 millones de pesos que se otorgaran en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.

Lo cierto es que la causa provocó una fuerte reacción contra el fiscal Rachid, que fue repudiado por parte de organismos de Derechos Humanos locales y de la Federación Latinoamérica de Fiscales (FLF), quienes interpretaron que la medida solicitada constituía un “hostigamiento” del poder político al Poder Judicial.

En tanto, la legislatura provincial votó una resolución en la que expresó su “repudio” por las medidas cautelares solicitadas por el Comité Electoral de Juntos por el Cambio y posteriormente requeridas por Ricardo Rachid, con el fin de suspender parcialmente las medidas de reactivación económica de la Provincia. La primera lectura realizada en diferentes ámbitos judiciales, es que ese planteo “expresa una falta de respeto a la independencia de poder y oficia como una intromisión institucional“.

Con esta resolución, el juez Maqueda confirmó la aplicación de la cautelar solicitada por el partido Avanzar, que lidera Claudio Poggi, exCambiemos y exPJ en San Luis, este último con el que llegó a gobernar la provincia, por lo que la denuncia pasará ahora a la Cámara Electoral Nacional.

El fallo de la justicia deja en suspenso tres medidas que había tomado la administración de Rodríguez Saá sobre un bono de 20 mil pesos para las familias desempleadas, la complementación del sueldo de los trabajadores privados que cobran menos de 70 mil pesos por seis meses y los microcréditos de hasta 50 mil pesos para la compra de insumos y materiales.

Todas esas políticas, que surgieron a partir de las reuniones del Consejo Económico y Social, podrán implementarse recién después del 14 de noviembre, una vez que pasen las elecciones generales.

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, presentó dos pedidos de apelación ante el Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia en los que pedía la nulidad de lo actuado y la recusación del fiscal Cristian Rachid, por considerar que no tiene legalidad para actuar como tal y por supuestos vínculos con el Frente “Unidos por San Luis” (exCambiemos).

En el segundo planteo solicitaba al juez que revea su decisión por entender que “avanza sobre dos poderes del Estado”, como el Ejecutivo y el Legislativo.

Para sostener la denuncia desde el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio se apuntó que durante las PASO, el peronismo en San Luis obtuvo el 37,3% de los votos contra el 46,9% de Juntos por el Cambio.

Tras la derrota electoral, el gobierno provincial anunció una batería de medidas a través del Decreto 5959 del 5 de octubre. Con ese instrumento administrativo el gobernador puntano modificó el presupuesto ampliando la partida para Recursos de la Administración Central.

Esta maniobra no es la primera vez que es aplicada por el gobernador. Ya en 2017 Rodríguez Saá logró revertir una elección de 19 puntos con planes económicos.