Pullaro presentó a Cancillería un informe para defender el biodiésel santafesino ante la Unión Europea

El gobernador de Santa Fe entregó un dossier con respaldo técnico y económico que cuestiona la clasificación de la soja como insumo de “alto riesgo”, una medida que limita las exportaciones al mercado europeo.

Pullaro presentó a Cancillería un informe para defender el biodiésel santafesino ante la Unión Europea

 

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó ante el canciller argentino, Pablo Quirno, un documento técnico destinado a respaldar la posición del país frente a la Unión Europea en relación con el estatus del biodiésel, cuya actual clasificación restringe las exportaciones desde el Mercosur hacia ese mercado.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Cancillería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó además con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, junto a la secretaria de Comercio Exterior de la provincia, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

El dossier entregado por la delegación santafesina reúne información científica, técnica, económica y productiva sobre la cadena del biodiésel, con el objetivo de sustentar la posición argentina ante los organismos europeos. Según detalló Puccini, el documento busca refutar la clasificación de la soja como insumo de “alto riesgo”, criterio adoptado por la Unión Europea y que derivó en restricciones a las importaciones del biocombustible.

En ese sentido, el funcionario provincial explicó que el informe expone el impacto que tendría esta medida sobre la economía santafesina, principal productora de biodiésel del país, y subrayó la importancia de sostener el acceso a mercados internacionales no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados.

Asimismo, indicó que la Cancillería argentina utilizará este material en su próxima presentación en Bruselas, donde se realizarán aportes técnicos en el marco de las discusiones abiertas con la Unión Europea. El ministro destacó además la articulación entre el Gobierno nacional, la provincia, la Región Centro y los actores privados del sector agroindustrial para abordar esta problemática.

Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, calificó el encuentro como positivo y señaló que el objetivo del documento es demostrar que la medida adoptada por la Unión Europea carece de sustento científico y técnico, además de constituir una barrera al comercio internacional. En esa línea, advirtió que el impacto económico podría alcanzar pérdidas estimadas en 390 millones de dólares para la provincia.

El informe también incluye datos sobre el impacto en el empleo y en la estructura productiva de Santa Fe, evidenciando las consecuencias que tendría una eventual consolidación de estas restricciones sobre el entramado económico regional. La problemática fue abordada recientemente en el Gabinete Productivo de la Región Centro y formó parte de una agenda de trabajo que incluyó reuniones con el embajador alemán Dieter Lamlé y especialistas de la cooperación internacional alemana.

En paralelo, el documento cuestiona el informe técnico emitido por la Comisión Europea a comienzos de febrero, el cual revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles en el marco del Reglamento 2019/807. Desde el gobierno provincial se advierte que la normativa vinculada al denominado “alto riesgo ILUC” —relacionado con el cambio indirecto en el uso del suelo— trasciende el caso específico del biodiésel y podría afectar a toda la cadena de valor de la soja.

En ese marco, se señala que la clasificación de la materia prima como riesgosa podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto de soja. A partir de la publicación del informe europeo, se abrió un período de consultas en el que la provincia de Santa Fe, junto a cámaras empresariales, presentó observaciones cuestionando tanto la metodología como los resultados del estudio, al considerar que no reflejan la realidad productiva argentina.

La iniciativa presentada ante Cancillería se inscribe así en una estrategia más amplia orientada a defender la competitividad del sector agroindustrial argentino en el escenario internacional, en un contexto de creciente regulación ambiental y disputas comerciales en torno a los biocombustibles.

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