La Pampa ratificó su política de defensa del agua y cuestionó la modificación de la Ley de Glaciares

 

El Gobierno de La Pampa volvió a reafirmar su postura histórica en defensa de los recursos hídricos y cuestionó con dureza la reciente modificación de la Ley de Glaciares impulsada a nivel nacional. El secretario de Recursos Hídricos provincial, José Gobbi, aseguró que la nueva normativa representa un retroceso en materia ambiental y advirtió sobre los riesgos que implica para las cuencas hídricas y los ecosistemas protegidos.

En declaraciones realizadas a LU100, Gobbi sostuvo que la postura del Ejecutivo pampeano “ha sido muy clara” y remarcó el trabajo conjunto que mantienen organismos provinciales, universidades y organizaciones ambientalistas en la defensa de los ríos y acuíferos de la provincia.

Entre las entidades mencionadas por el funcionario aparecen la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, actores que vienen impulsando acciones judiciales y campañas públicas contra la modificación de la legislación nacional.

Gobbi sostuvo que la nueva normativa afecta particularmente la protección del río Colorado y de distintos ambientes glaciares y periglaciares vinculados a las reservas de agua dulce estratégicas para el país. “En realidad debería denominarse ley de desprotección de glaciares y ambientes periglaciares”, afirmó el funcionario al referirse al nuevo esquema regulatorio.

El secretario destacó además el amparo colectivo presentado ante el Juzgado Federal de Santa Rosa por organizaciones ambientales y sociales que buscan frenar la aplicación de la ley. Según explicó, la iniciativa judicial cuenta con el respaldo de unas 850 mil firmas recolectadas en todo el país.

“Quedó bien claro que esta ley, a todas luces, es inconstitucional y viola desde la Ley General del Ambiente hasta principios constitucionales”, sostuvo Gobbi, quien además cuestionó la flexibilización de controles ambientales vinculados a actividades extractivas.

Uno de los principales argumentos planteados por el Gobierno pampeano gira en torno al principio precautorio en materia ambiental. El funcionario remarcó que muchas intervenciones sobre ecosistemas sensibles generan consecuencias irreversibles y no pueden ser reparadas posteriormente mediante compensaciones económicas.

“En cuestiones ambientales no hay que esperar a que se genere efectivamente el daño porque muchos de esos efectos negativos son irreversibles”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el posible impacto de proyectos mineros sobre glaciares y reservas hídricas. “Si hay una intervención minera destruyendo un glaciar para hacer explotación, una vez que esa intervención se realizó el daño es irreversible”, advirtió.

Gobbi también se refirió durante la entrevista al debate abierto en torno a posibles urbanizaciones en áreas vinculadas al acuífero de Santa Rosa. En ese contexto, aclaró que cualquier desarrollo inmobiliario deberá ajustarse estrictamente a la normativa hídrica provincial.

El secretario recordó que actualmente se encuentra vigente la Resolución 120/25 de la Secretaría de Recursos Hídricos, normativa que establece procedimientos obligatorios para proyectos de loteo o fraccionamiento en zonas donde exista afectación potencial del recurso hídrico.

Si bien reconoció que los municipios poseen facultades para ordenar territorialmente sus jurisdicciones, remarcó que las aguas subterráneas constituyen un bien público bajo tutela provincial.

“El agua subterránea es un bien público tutelado por el Estado provincial”, sostuvo Gobbi, quien además insistió en que cualquier iniciativa urbanística deberá respetar las disposiciones técnicas y ambientales establecidas por la provincia.

La posición oficial vuelve a poner en el centro del debate el histórico conflicto ambiental y político que mantiene La Pampa en torno al acceso y protección de los recursos hídricos, una temática que atraviesa desde hace décadas la agenda provincial y las disputas interjurisdiccionales en la región.