Grabois y Ofelia Fernández denunciaron que “son presos políticos” los detenidos por protestar contra la megaminería en Catamarca
El Frente Patria Grande publicó una carta pública dirigida a Alberto Fernández, en su calidad de presidente del PJ. Reclamaron por la liberación de los detenidos y cuestionaron los proyectos mineros.
Tras los incidentes producidos el sábado 10 de abril en la ciudad de Andalgalá, en Catarmarca, en una protesta en contra de la megamineria donde hubo 12 detenciones, la agrupación Patria Grande, perteneciente a la coalición de gobierno y liderada por Juan Grabois, le envió una carta al presidente Alberto Fernández donde le reclamó por la liberación de los presos y le recriminó el modelo extractivista que su gestión lleva adelante con las empresas del sector.
El incidente se produjo cuando un grupo de manifestantes protestaron en la empresa minera Agua Rica y en la sede del Partido Justicialista. Se detuvo a 12 personas acusadas de haber participado de la manifestación, que derivó en incidentes. La semana continuó con una dura respuesta policial y judicial, que avanzó con allanamientos a los domicilios de los sospechosos que, por su crudeza, ameritó una visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
“Por medio de la presente, queremos expresar nuestra honda preocupación frente a la situación de los presos políticos de Andalgalá y la actitud adoptada por el PJ de Catamarca. Consideramos que contradice los más elementales principios del movimiento nacional y las banderas que unieron al Frente de Todos al enfrentar las lógicas antidemocráticas, represivas y persecutorias del macrismo”, comienza la carta que entre los firmanentes se encuentran el líder de la CTEP, Juan Grabois y la legisladora porteña Ofelia Fernández.
En la carta, la agrupación denuncia que los detenidos, entre otros, son “militantes ambientales, políticos, feministas e incluso un compañero de nuestra fuerza, Damian Abel, peronista de toda la vida que actualmente coordina un merendero en Andalgalá. También se encuentra detenido Matías Paz (30), empleado público, árbitro de fútbol, papá; Aldo Flores (73), sociólogo, docente jubilado, activista desde el minuto cero en contra de la megaminería; Ailén Saracho Diamante (21), estudiante, futura maestra, militante feminista; Sara Fernández (35), estudiante, artesana, montañista, cicloviajera; Augusto Brizuela (49), jornalero de actividades rurales; Enzo Brizuela (32), estudiante avanzado de Geología, artesano y músico; Jorge Ramos (39), profesor de historia, músico, gestor cultural, comunicador social. Eduardo Villagra, es otro de los detenidos. Un laburante”.
Vale destacar, como expresa la misiva, que quienes reclaman por la liberación de los detenidos y denuncian las actitudes tomadas por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, son parte del Gobierno Nacional. Si bien es cierto que no es la primera vez que el Frente Patria Grande, conducido por Grabois, muestra una disidencia con el Gobierno, en esta oportunidad el reclamo apuntó directamente hacia el Presidente para que tome cartas en el asunto.
De este modo, a partir de los conflictos se abrió una suerte de interna dentro de la coalición del Frente de Todos, ya que el incidente en el pueblo norteño es el tercer eslabón de una cadena de protestas que desafía el plan de inversiones mineras de la gestión de Fernández. Entre los empresarios del sector y las autoridades de las provincias mineras preocupa cuando la tensión escala a ese punto.
“Los lamentables incidentes que se produjeron en el marco de una movilización absolutamente legítima frente al accionar ilegítimo de la multinacional, provocaron daños materiales considerables por ningún daño humano. La continuidad de las detenciones es absolutamente injustificada por diversos motivos: la vigencia del principio de inocencia, la inexistencia de víctimas humanas, la ausencia absoluta de riesgo de fuga ni capacidad de entorpecer la causa ya que se trata de todas personas conocidas del pueblo”, continua la misiva.
Andalgalá es una zona de alta conflictividad con la minería. La localidad, conocida como “La Perla del Oeste”, está ubicada a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. La ira se disparó mientras transcurría la marcha número 584 contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.
Los activistas ambientalistas y sociales en contra del desarrollo minero aseguran que el emprendimiento de Agua Rica infringe la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, dos medidas cautelares y la ordenanza municipal 029/16, que prohibió la minería a cielo abierto en la comuna.
Por su parte, el gobernador Jalil rechazó los hechos de violencia “contra la propiedad privada” y ratificó la política minera por los ingresos que implica en materia regalías, retenciones y su “efecto multiplicador”. Además, aclaró que no hay otras alternativas donde “el 80% del suelo provincial es de montaña”. “El proyecto de Agua Rica está siguiendo todos los pasos, estamos siendo estrictos”, indicó en radio Con Vos. “No se puede incendiar una empresa internacional, hemos mandado al secretario de Derechos Humanos para que vea la situación de los presos”, agregó.
El proyecto de Agua Rica, que está en etapa de exploración, es presentado como tres veces más grande que Alumbrera. El yacimiento tiene reservas minerales probadas y probables de 11,8 mil millones de libras de cobre; y 7,4 millones de onzas de oro contenidas en 1,1 mil millones de toneladas de mineral.
“Semejante abuso de poder es un verdadero calco de la lógica que Ud., nosotros y gran parte de la militancia del frente de todos enfrentamos durante el macrismo cuando denunciamos las detenciones arbitrarias, abusos policiales y maniobras judiciales contra dirigentes sociales y políticos ¿Cómo puede ser que ahora un gobierno del Frente de Todos reproduzca el mismo método? ¿Cómo puede ser que el principal partido de nuestro Frente avale semejante injusticia? ¿Cómo puede ser que se sostenga un silencio frente a una situación de tamaña gravedad?”, dice la carta.
Y sigue: “Creemos que debemos replantearnos algunas formas de mal desarrollo frente a la que el Frente de Todos no pareciera tener una política clara. Además del gravísimo daño al ambiente que producen, se trata de modelos de saqueo en el que literalmente nos roban recursos mineros, agrícolas e ictícolas que se extraen de las venas abiertas de nuestra patria y terminan en las arcas de los países ricos en un pase de manos signado por el contrabando, la subdeclaración, la evasión y la elusión fiscal en perjuicio del pueblo argentino”.