El gobernador de Catamarca defendió la reforma a la Ley de Glaciares y afirmó que fortalece el federalismo
Raúl Jalil respaldó la nueva norma, destacó el efecto multiplicador de la minería en su provincia y se diferenció de los mandatarios que la cuestionan. La Pampa ya presentó el primer amparo judicial contra la ley.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, salió a defender la reforma a la Ley de Glaciares aprobada esta madrugada en Diputados y rechazó las críticas de quienes la califican como un retroceso ambiental. “Esta ley viene a darle federalismo a las provincias, algo que había prácticamente fracasado con la mal llamada Ley de Glaciares”, afirmó en diálogo con Infobae, al sostener que la norma fortalece el control ambiental y abre oportunidades de desarrollo para las provincias mineras.
Jalil argumentó que la minería “tiene el proceso de audiencias públicas y el control más estricto dentro de los sectores económicos” y que los recursos naturales corresponden a las provincias según la reforma constitucional de 1994. Ante las preguntas sobre el manejo de cuencas hídricas compartidas, recordó que “hay leyes nacionales que reglamentan las cuencas, inclusive cuando hay interjurisdicción” y que la Corte Suprema ya intervino en conflictos entre provincias. “Cada provincia tiene gente capacitada para llevar el control”, sostuvo.
El mandatario también puso en valor el impacto económico de la actividad minera en Catamarca. Según detalló, solo el litio ya genera tres mil empleos directos y ocho mil indirectos en la provincia, que percibe regalías del 3,5% y cuenta con un fideicomiso minero para financiar obras de infraestructura en comunidades locales. “La minería tiene un efecto multiplicador mucho mayor que el petróleo o el gas”, afirmó, y señaló como desafío pendiente avanzar en valor agregado: “Lo que hay que impulsar es la fabricación de baterías para acumulación de energía”.
En el plano político, Jalil se diferenció de otros mandatarios que cuestionaron la reforma y planteó que “la minería tiene que ser una política de Estado, así como la agroindustria y la ganadería”. Reconoció que la nueva norma tiene mayor impacto para provincias como La Rioja, San Juan y Mendoza que para Catamarca, pero valoró que “abre una seguridad jurídica en la cual las provincias están capacitadas y están cerca de la obra”.
El contexto político en torno a la ley está marcado por la división entre gobernadores. Mientras Jalil la defiende, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ya presentó el primer amparo judicial contra la norma, inaugurando un frente judicial que podría complejizar su implementación.
