Capitanich: “Los gobernadores vamos a defender los recursos que nos corresponden”

El gobernador de Chaco sostuvo que los recursos que el Estado nacional vuelca a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no los invierte en el resto del país, lo genera asimetrías profundas en el país.

Capitanich: “Los gobernadores vamos a defender los recursos que nos corresponden”

 

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que los gobernadores van a “defender los intereses y los recursos que les corresponden a las provincias” y además consideró que la asignación de recursos federales realizada por el expresidente Mauricio Macri hacia la ciudad de Buenos Aires “transgrede lo estipulado por la Constitución Nacional” y “profundiza aún más las asimetrías”.

“Los gobernadores vamos a defender los recursos que les corresponden a nuestras provincias porque nosotros debemos siempre velar por los intereses de nuestros ciudadanos”, sostuvo el mandatario chaqueño a la prensa al ingresar este miércoles a la Casa Rosada.

El mandatario formuló estas declaraciones previo al inicio del encuentro entre el Gobierno nacional y mandatarios de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la ciudad de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.

“Las provincias objetamos la metodología de asignación de recursos que utilizó Macri y entendemos que el reclamo judicial es válido. El expresidente planteó en su momento que ese giro de fondos a la Ciudad eran para cubrir el sistema de seguridad. Con ese criterio transgredió lo que estipula el artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional”, indicó el gobernador.

Capitanich consideró que “no sólo la Ciudad de Buenos Aires tiene capacidad de financiamiento para el tema de seguridad, sino que además posee los mayores subsidios al transporte y una gran cantidad de obras para agua potable, cloacas y una tarifa energética diferencial”.

“Todos estos recursos que el Estado nacional vuelca a la Ciudad de Buenos Aires, no los invierte en el resto del país. Por lo tanto, se generan asimetrías severas y profundas. Es decir, que implica que en el 0,01 por ciento de la superficie del país, o sea, 203 km2 se concentre el 40 por ciento de la población o más, contabilizando el conurbano”, apuntó.

Sobre la situación de la coparticipación en la Justicia, Capitanich sostuvo que “hay un esquema de negociación por un acta de conciliación y se estima que esto puede generar las condiciones para marcar la posición”.

“Nosotros (la provincia de El Chaco) nos presentamos como ‘amigo del tribunal’ ante la Corte explicitando nuestras fundadas razones sobre por qué no se pueden garantizar mecanismos arbitrarios adicionales. Estamos en una disputa de 90.000 millones de pesos por año”, agregó.

Respecto a la actual ley de Coparticipación Federal, Capitanich recordó que “existe una norma perfectamente regulada que la Corte hasta ahora no ha adecuadamente contemplado su implementación”.

Con respecto a la posibilidad de que haya un fallo de la Corte a favor de la Ciudad con un sentido político contra el Gobierno nacional, el mandatario chaqueño indicó que su intención no era “prejuzgar la conducta de ningún juez”.

“No hago consideraciones sobre los jueces, en particular ni del tribunal en su composición, pero entendemos que debemos plantear con énfasis la defensa de los intereses de las respectivas provincias y sus recursos”, remarcó.

La reunión, pedida por los mandatarios provinciales, se realiza desde las 11 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y es encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Los gobiernos nacional y porteño tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos a CABA para el mantenimiento de la policía durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.

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