Un juez ratificó que en la ciudad de Buenos Aires se puede optar por las clases virtuales

 

El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Guillermo Scheibler ratificó hoy que los padres y madres pueden optar por la modalidad virtual para la educación de sus hijos y no por las presenciales, tal como rige en el distrito. El magistrado ordenó que para quienes elijan educación a distancia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no puede computarles las faltas ni quitarles las vacantes. La resolución debe ser comunicada en un día “a todos los establecimientos educativos” de la ciudad.

Se trata de una causa que se inició en marzo cuando 24 familias con hijos en edad escolar pidieron que el gobierno porteño les garantice la modalidad virtual porque querían resguardarlos ante el avance de casos de coronavirus y la obligatoriedad de mandar a sus hijos al colegio. Eso dispuso Scheibler el 19 de abril ante el Decreto 241 del presidente Alberto Fernández que ordenó que en el AMBA -ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense- se dicten clases virtuales. Pero la medida venció el 30 de abril y ante el dictado de un nuevo decreto nacional, el 287, que continuó con la virtualidad, los padres y las madres pidieron una nueva decisión judicial.

Eso hizo esta tarde el magistrado. En su fallo, el juez le ordenó al Gobierno de la Ciudad que “se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos”. También que debe “adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad remota” hasta el próximo 21 de mayo, cuando venza el Decreto 287. El juez dispuso que su decisión debe ser informada por el Ejecutivo de la ciudad a todos los colegios de su órbita.

El magistrado explicó que así como el gobierno nacional dispuso las clases virtuales, el de la ciudad hizo lo propio con el Decreto 155 pero para que sean presenciales en los niveles inicial y primario y bimodal en secundario. “De este modo, con el dictado del decreto del GCBA se configura nuevamente un estado de incertidumbre, en este caso debido a la contradicción de normas de jurisdicciones diversas”, explicó el magistrado.

La discusión jurídica sobre el modo de educación durante la pandemia lo zanjó esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando aceptó una demanda del gobierno porteño en la que el máximo tribunal le reconoció su autonomía para decidir sobre el modo del dictado de clases en su distrito.

Scheibler sostuvo que “no parecería prudente interpretar que lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulte mecánicamente aplicable sin más a la nueva norma dictada por el Estado nacional”, en referencia al nuevo decreto de Alberto Fernández, ya que se trata de otra resolución con nuevos argumentos sanitarios que no fueron analizados por el máximo tribunal.

“Tal conflicto normativo trasciende su esfera jurídica e impacta directamente en la vida diaria de las/os porteñas/os que tienen a su cargo niñas/os en edad escolar, algunos de los cuales se ven obligados, con gran miedo y desconcierto, a acatar una norma local contraria a otra federal”, explicó, y sostuvo que el ya de por sí delicado escenario sanitario se ve así complejizado —una vez más— por decisiones cruzadas entre órganos de distintos niveles y que en el medio de este cuadro de polarización extrema se encuentra la comunidad educativa y la incertidumbre respecto del camino a seguir, a cuál es la mejor política sanitaria y educativa que el momento requiere”.

Así el juez avaló el reclamo de los padres y madres y dictó una nueva medida cautelar para que puedan optar por la modalidad virtual. Mientras tanto la causa judicial continúa. El planteo de las 24 familias que lo iniciaron busca que el gobierno porteño reformule el protocolo de clases para que se pueda optar entre mandar a los chicos al colegio o por la modalidad virtual. En el reclamo señalaron que en el protocolo actual solo están exceptuados de ir a los colegios los alumnos con enfermedades preexistentes que pueden agravarse con el virus o familiares con los que convivan que estén en la misma situación de salud. También están exceptuados los docentes con comorbilidades.

En el expediente Scheibler convocó a otras familias que no son parte del pleito a que puedan opinar -ya que se trata de un proceso colectivo- sobre el reclamo.

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