Recusan a una jueza que decide el regreso a las aulas en CABA por ser hermana de un funcionario del PRO

La Justicia debe resolver sobre amparos presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.

Recusan a una jueza que decide el regreso a las aulas en CABA por ser hermana de un funcionario del PRO

 

Dos abogados recusaron a la camarista porteña Nieves Macchiavelli, que debe entender en un recurso que pide clases presenciales, porque es hermana de un funcionario del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández dijeron en la presentación que hicieron en nombre de sus hijos que la jueza “Macchiavelli es hermana del principal armador político de Rodríguez Larreta, Eduardo Macchiavelli funcionario del GCBA y secretario general del partido al que pertenece el alcalde porteño”.

Macchiavelli es secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta parte posee un fundado temor de que (la jueza) no pueda decidir con ecuanimidad. Por tal motivo la recusamos para que se aparte del conocimiento de esta causa”, dijeron en la presentación.

Añadieron que “el trámite exprés que se le ha dado a la causa ha dado lugar para pensar que existe una posición dirigida a revocar la decisión de la jueza de grado ‘a como dé lugar’ aunque no existe el derecho para hacerlo”, en referencia la actuación de magistrados de primera instancia.

Es que el juez porteño Marcelo Segón consideró que no debía intervenir y pidió que el caso fuera enviado a su par Romina Tesone, pero esta magistrada se declaró incompetente para resolver frente al amparo presentado por las Defensorías Oficiales en representación de los padres.

Nieves Macchiavelli integra la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo junto a que los jueces Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini.

López Alfonsín fue titular de Parques Nacionales durante la gestión de la Alianza, en el año 2001.

La Justicia debe resolver sobre amparos presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.