A mediano plazo las zonas sur y oeste continuarán funcionando en el edificio de Paseo Colón 1333 y se espera que en los próximos años cada zona tenga su propio inmueble con todas las dependencias integradas en un solo lugar.
Uno de los problemas que enfrenta la descentralización es la oposición de los propios jueces. Los magistrados saben que hay zonas mucho más “calientes” en cuanto a los delitos que deben abordar, sobre todo en las partes sur y oeste de la Ciudad y son varios los que resisten el nuevo esquema.
Si bien está permitido que los jueces puedan cambiar de zona, solo podrán hacerlo si consiguen que otro magistrado acepte el traslado.
Parece poco probable que la resistencia pueda surtir efecto: tanto la policía como los fiscales empujan para concretar la descentralización para facilitar la logística de los traslados que insume una enorme cantidad de tiempo y fondos.
Otro aspecto que explica la resistencia de los jueces es la pérdida de “estatus”. Hoy un juez porteño teóricamente tiene competencia sobre toda la Ciudad, a partir de la instrumentación de esta reforma se circunscribirá a la zona que le toque.
El otro obstáculo para concretar las mudanzas es económico. Desde el gobierno porteño argumentan que con el recorte en la coparticipación los recursos para obras son escasos. Parte del dinero para financiar las obras edilicias de la reforma judicial debe salir de la venta de edificios como el que IRSA compró en la esquena de Beruti y Coronel Díaz, una subasta la semana pasada y en donde funcionan dependencias judiciales.
La mayor desarrolladora inmobiliaria argentina pagó 20,1 millones de dólares a precio oficial por el inmueble, que el gobierno debe dejar vacante en 30 meses. La cifra es la mitad del precio de mercado, pero además la venta encierra una pequeña trampa.
La normativa preveía que el dinero obtenido por la subasta se destinara a la construcción y compra de inmuebles para mejorar la infraestructura de la justicia porteña, sin embargo en la misma resolución que autorizaba la venta se aclaró que el dinero pasaría al Tesoro del gobierno porteño por estar vigente la emergencia económica declarada en 2020 por Rodríguez Larreta y sancionada por la Legislatura.
Esa normativa le permite al gobierno porteño readecuar partidas presupuestarias y también redirigir recursos a las áreas que considere convenientes. No son pocos los que preferirían quedarse en el edificio de la calle Beruti, una ubicación que resulta “cómoda” para los magistrados.
Para la zona sur están designados el Juzgado PCyF N°1 (Dr. Ariza Clerici), Juzgado PCyF N°3 (Dra.Cavaliere), Juzgado PCyF N°7 (Dr. Buján), Juzgado PCyF N°10 (Dr. Casas), Juzgado PCyF N°14 (Dr. Viña), Juzgado PCyF N°17 (Dra. Ohman), Juzgado PCyF N°18 (Dr. Baldomar) y el Juzgado PCyF N°20 (Dra. Escrich).
Para la zona norte están designados el Juzgado PCYF N°2 (Dr. Béguelin), Juzgado PCyF N°13 (Dra. Tula del Moral), Juzgado PCyF N°15 (Dr. Letner), Juzgado PCyF N°24 (Dra. Doti), Juzgado PCyF N°26 (Dra. Nazar), Juzgado PCyF N°27 (Dra. De Paoli) y el Juzgado PCyF N°30 (Dr. Cavallari).
Para la zona oeste están designados el Juzgado PCyF N°5 (Dra. Botana), Juzgado PCyF N°8 (Dra. Molina), Juzgado PCyF N°11 (Dr. Bartumeu), Juzgado PCyF N°16 (Dra. Alvaro), Juzgado PCyF N°19 (Dr. Aostri), Juzgado PCyF N°21 (Dra. Lara), Juzgado PCyF N°22 (Dra. Zangaro) y el Juzgado PCyF N°25 (Dr. Villanueva).
Para la zona este están designados el Juzgado PCyF N°4 (Dra. López Di Muro), Juzgado PCyF N°6 (Dr. Rúa ), Juzgado PCyF N°9 (Dra. Martínez Vega), Juzgado PCyF N°12 (Larocca), Juzgado PCyF N°23 (Dr. Circo), Juzgado PCyF N°28 (Dra. Correa), Juzgado PCyF N°29 (Dra. Martínez) y el Juzgado PCyF N°31 (Dra. Parada).
