Fernando Gray presentó un amparo para frenar la privatización de los corredores viales y alertó por un “costo desmedido” en los peajes
El intendente de Esteban Echeverría cuestionó el llamado a licitación nacional e internacional y advirtió que la medida podría encarecer fuertemente el uso de autopistas. También alertó sobre riesgos de abuso monopólico y falta de control estatal.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, acudió a la justicia para intentar detener el proceso de privatización de los corredores viales impulsado por el Gobierno nacional. La presentación judicial, realizada mediante un recurso de amparo, busca suspender tanto el procedimiento como el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional previsto en la Resolución 1843/2025.
Gray sostuvo que la privatización podría derivar en un incremento significativo de los costos que afrontan diariamente quienes utilizan autopistas y rutas para trabajar, estudiar o desplazarse entre localidades. “No podemos permitir que las y los bonaerenses asuman un costo desmedido en los peajes”, explicó el jefe comunal, quien subrayó que un esquema sin un organismo regulador independiente “puede traducirse en servicios deficientes, prácticas monopólicas y falta de cumplimiento de las inversiones prometidas”.
El intendente también puso el foco en el impacto concreto sobre los usuarios habituales. Señaló que un viaje entre Esteban Echeverría y la Ciudad de Buenos Aires ya implica el pago de dos peajes y que, bajo el nuevo esquema, un recorrido entre CABA y Bahía Blanca podría incluir hasta ocho estaciones de cobro con un valor estimado de $40.000 por tramo. “Es un despropósito”, evaluó.
La Resolución 1843/2025 habilita el inicio del proceso licitatorio bajo los lineamientos de la Ley 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Sin embargo, Gray remarcó que dicha norma no autoriza privatizaciones no contempladas expresamente, lo que —a su juicio— podría trasladar mayores costos a usuarios y consumidores, tal como ocurre en su municipio.
Con el amparo presentado, el jefe comunal busca frenar un proceso que considera perjudicial para el interés público y reabrir el debate sobre el modelo de administración de los corredores viales y el rol regulador del Estado.
