El gobierno bonaerense pide juicio político a la mesa judicial de Vidal

Tras conocerse la denuncia de la AFI contra funcionarios del ex gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios de la construcción por “armar causas”, el ministro de Justicia Julio Alak pidió “juicio político” a los integrantes de la mesa judicial.

El gobierno bonaerense pide juicio político a la mesa judicial de Vidal

 

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó este lunes ante el Juzgado Federal N°1 de La Plata una denuncia contra funcionarios del ex gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal por armar reuniones en la que se arreglaban distintos “armados de causas”. Tras el escándalo judicial, el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak, pidió “juicio político” a los integrantes de la mesa judicial.

Según sostuvo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en la denuncia a la que tuvo acceso El Destape, “en los videos audiovisuales que forman parte de la denuncia podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la ciudad de La Plata”. En esa reunión se puede ver al actual intendente de La Plata, Julio Garro, el por entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de PBA y Juan Pablo Allan, senador provincial.

A través de cuenta oficial, el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak, indicó que “el video con declaraciones del ex Ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales”.

El actual ministro Y ex intendente de La Plata, también expresó que “acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente”.

En ese sentido pidió que “los legisladores que integran la Comisión de Juicio Político deberían evaluar qué sectores del Poder Judicial fueron permeables a estas operaciones y actuar en consecuencia”.

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