Reforma laboral en marcha y presión inflacionaria: el Gobierno juega una carta clave en el Senado

 

El Gobierno nacional avanza con decisión para lograr la sanción de la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del período de sesiones extraordinarias. La estrategia oficial apunta a obtener este miércoles la aprobación en el Senado y acelerar luego su tratamiento en Diputados, con la expectativa de convertirla en ley antes de que finalice el mes.

En la Casa Rosada consideran que el cambio en la legislación laboral no sólo tiene peso institucional sino también valor simbólico en el frente económico. La iniciativa llega en un momento sensible: el Índice de Precios al Consumidor marcó en enero un 2,9%, extendiendo a ocho meses la tendencia ascendente de los precios.

La negociación parlamentaria incluyó múltiples ajustes. Como ya había ocurrido con el Presupuesto en diciembre, el oficialismo optó por una postura pragmática para sumar respaldos. Gobernadores y bloques dialoguistas fueron actores clave en las conversaciones, que se desarrollaron en paralelo a un clima político cargado de tensiones públicas y gestos confrontativos.

Según cálculos del propio oficialismo, el proyecto superaría los 40 votos en la Cámara alta luego de aceptar cerca de treinta modificaciones. Entre los cambios más relevantes se destaca la eliminación del artículo vinculado al Impuesto a las Ganancias para empresas, un punto resistido por mandatarios provinciales debido a su impacto en la coparticipación. La alternativa era arriesgar una derrota en el recinto o retirar el artículo, y finalmente prevaleció la segunda opción.

De acuerdo con un análisis publicado por Infobae, la negociación dejó en evidencia la necesidad política de asegurar consensos para evitar que el núcleo de la reforma se empantanara entre amenazas de judicialización y resistencias sindicales. El resultado fue interpretado en algunos sectores como un triunfo del ala política del oficialismo frente a posiciones más rígidas del equipo económico.

El texto consensuado mantiene aspectos considerados centrales por el Ejecutivo —como modificaciones en el régimen de indemnizaciones y ajustes en el derecho de huelga—, pero también incorpora concesiones destinadas a destrabar apoyos. La CGT logró introducir cambios vinculados a las obras sociales y a las cuotas sindicales, mientras que los gobernadores obtuvieron garantías en materia fiscal.

El apuro por cerrar la discusión no es casual. En el entorno presidencial admiten que una aprobación legislativa contundente podría contribuir a amortiguar el impacto político del dato inflacionario. La desaceleración de los precios es uno de los principales activos de la gestión, y cualquier señal de reversión genera inquietud.

El 2,9% de enero se conoció además en medio de la controversia por la metodología del INDEC y la renuncia de su titular. La decisión de postergar la actualización técnica del índice alimentó sospechas sobre cuál habría sido el resultado con el nuevo esquema de cálculo. Mientras desde el Ministerio de Economía sostienen que la cifra habría sido levemente inferior, otras fuentes vinculadas al organismo señalan que podría haber superado los tres puntos.

Más allá de la polémica metodológica, la tendencia preocupa: desde un mínimo de 1,5% en mayo del año pasado, la inflación mensual fue escalando hasta rozar el 3%. En términos interanuales, el índice se ubica en 32,4%, con aumentos más marcados en rubros sensibles como alimentos y bebidas, comunicación y vivienda y servicios.

Con este escenario, el oficialismo apuesta a que la reforma laboral concentre la agenda pública en los próximos días. El resultado en el Senado marcará no sólo el rumbo legislativo del proyecto, sino también la capacidad del Gobierno para sostener la iniciativa política en un contexto económico que vuelve a tensionarse.