Pueblos originarios y diputados avanzan para prorrogar la Emergencia Territorial Indígena

 

Representantes de pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y diputados informaron que impulsarán un conjunto de acciones para lograr la cuarta prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que vence el mes próximo y prohíbe el desalojo de las comunidades, al tiempo que pedirán más recursos presupuestarios para implementar esa norma.

“El gobierno provincial siempre ha tenido una actitud de obstrucción de derechos no solo con esta ley sino con otras menos complicadas como la Ley de Educación intercultural Bilingüe, o en casos que traen situaciones de tensión, órdenes de desalojo y funcionarios judiciales que desconocen la ley”, sostuvo Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.

Esa organización fue una de las que se movilizó al Congreso el 6 de octubre detrás de una bandera del ancho de la Avenida de Mayo con la consigna “Prórroga y presupuesto necesario de la Ley 26.160 ya”.

En tanto, este martes comunidades y organizaciones indígenas realizaron un “abrazo” al Congreso y entregaron un documento con las conclusiones de charlas y debates que incluyó el tema de esta ley y la descolonización, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Los principales puntos de coincidencia de las comunidades son la necesidad de prorrogar la norma sancionada en 2006 -que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan, dispone un relevamiento catastral y suspende todo proceso de desalojo-, la inclusión de partidas presupuestarias y la exigencia a los gobiernos de implementar la norma.

Tras la movilización fueron recibidos por diputados del Frente de Todos y funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el Congreso. La diputada Paula Penacca estuvo en la reunión y dijo a Télam que “el compromiso de nuestro bloque es que antes del 23 de noviembre, que vence esta prórroga, podamos sancionar la norma y seguir acompañando a las comunidades indígenas no solo en esta demanda sino en todas las necesarias para mejorar su calidad de vida”.

El diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), también participó y dijo a Télam que “es imprescindible que el Estado tome medidas de reparación que garanticen los derechos de los pueblos originarios” y que en ese sentido, lo primordial “es la prórroga de la Ley 26.160”.

Para Alderete “ha habido muchas desprolijidades y mucho abuso” sobre los territorios que “deberían ser protegidos o tener un esquema de uso que permita que los pueblos que los habitan hace cientos de años puedan seguir manteniendo su cultura y costumbres”.

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, expresó a esta agencia que se trata de “una ley histórica” porque “por primera vez el Estado asume la responsabilidad de llevar adelante un relevamiento para conocer en donde viven las comunidades originarias en el país, y cuál es el reclamo por sus territorios”. Sin embargo, “a 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado”, agregó.

Ese relevamiento “técnico-jurídico-catastral” mencionado en la norma es para determinar “la situación dominial de las tierras” en zonas clave del territorio nacional. Según datos del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en el país solo 745 cuentan con el relevamiento culminado. Es decir que, resta más del 57% de las comunidades.

Sobre ese punto, Lefxaru Nawel aseguró: “Los intereses económicos que representan quienes están en el gobierno provincial desde hace más de 60 años” explican el por qué esta ley “no se aplica” en Neuquén.

El Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Juan Manuel Salgado, desde Chubut dijo a Télam que “la gran cantidad de conflictos que existe en la Patagonia tienen que ver con el incumplimiento de esta ley” y afirmó que “lo que queda por relevar son las partes más conflictivas” por ese motivo “todas las provincias que tienen una presencia indígena están atrasadas con el relevamiento”.

Salgado cree que “si no se prorroga” la Emergencia Territorial Indígena “va a haber un incendio porque hay muchas sentencias” que están en suspenso “hasta que se realice relevamiento”.

Para avanzar con el censo remarcaron la necesidad de tener financiamiento adecuado para que el INAI complete la tarea.

Penacca comentó que desde el bloque están “trabajando junto con el proyecto que presentó la senadora (Nora) Giménez para actualizar los presupuestos” para que “esta norma se pueda cumplir efectivamente a partir de la política pública que lleva adelante el INAI”.

Los referentes de pueblos originarios plantean que para solucionar el problema de fondo es necesaria una ley de propiedad comunitaria indígena, que permita obtener los títulos de propiedad de los territorios relevados.

Aunque para Salgado “los tratados internacionales no se aplican” destaca que “esta es una de las conducciones del INAI que tiene mejor voluntad” y la contrastó con “otras que se han negado a aplicarla”.

“La Ley de Emergencia, tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni avanza en la titulación de tierras. Pero constituye un paso previo positivo muy importante. La cuenta pendiente de Argentina es avanzar en el reconocimiento legal de la propiedad comunitaria, a través de la entrega de títulos de propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente ocupan”, dijo la directora de AI, García Rey.

Nawel asegura que se debe avanzar en ese proyecto porque la judicialización permanente provoca desgastes: “Si bien se ganan los juicios, tardan diez o veinte años de violencia racial y es contrario a lo que queremos que es vivir en paz”.

García Rey sostuvo que “desde hace unos años existe una campaña antiindígena en Argentina, que comenzó con la estigmatización del pueblo mapuche en el sur como un grupo asociado al terrorismo y la delincuencia y que se está expandiendo a otros territorios y comunidades con el objetivo de cuestionar la legitimidad de sus reclamos”.

Sobre la nueva prórroga, dijo que desde Amnistía son “optimistas” y “confiamos en el compromiso que asumió el Poder Ejecutivo”, subrayó.