PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores por irregularidades y denunció casos de fraude
Las auditorías detectaron cobros indebidos, prestaciones sin respaldo documental y fallas graves en centros médicos de distintas provincias.
El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores médicos en todo el país luego de detectar graves irregularidades administrativas, facturación de prestaciones inexistentes y presuntos hechos de corrupción vinculados al sistema de atención de jubilados y pensionados.
La decisión fue informada oficialmente por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), encabezado por Esteban Leguízamo, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.
Según detalló el organismo, las auditorías identificaron tres grandes tipos de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones no realizadas y establecimientos médicos que no cumplían con las condiciones de higiene y seguridad exigidas.
“Los afiliados del PAMI tienen que recibir prestaciones seguras y atención de calidad”, señalaron desde el organismo.
Uno de los casos más relevantes detectados durante las investigaciones involucra a la firma Sanarte S.R.L., un policonsultorio ubicado en San Miguel de Tucumán.
Las auditorías revelaron múltiples irregularidades, entre ellas falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos y ausencia de matrículas médicas en parte del personal que atendía afiliados.
Además, el relevamiento detectó demoras de hasta 21 días para acceder a turnos en especialidades como cardiología, traumatología y gastroenterología.
Entre los hallazgos más cuestionados apareció un sistema de turnos asignados cada un minuto bajo modalidad “por orden de llegada”, algo que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
También se identificaron historias clínicas sin firma profesional, estudios médicos sin informes y prestaciones transmitidas al PAMI sin documentación respaldatoria, en presunta violación de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
Otro de los expedientes relevantes se desarrolló en Chaco e involucró a un médico prestador de la Unidad de Gestión Local XIII del organismo.
Según informó el PAMI, las auditorías detectaron inconsistencias administrativas, fallas en documentación clínica obligatoria e incumplimientos contractuales.
Tras considerar insuficientos los descargos presentados por el profesional, el organismo resolvió rescindir el contrato y avanzar con una denuncia penal para que intervenga la Justicia.
Las investigaciones forman parte de un proceso de fiscalización más amplio iniciado desde la llegada de Leguízamo a la conducción del organismo.
En noviembre de 2025, el PAMI ya había denunciado ante la Justicia federal una presunta estafa multimillonaria vinculada al uso de órdenes médicas electrónicas falsas, prestaciones fantasma y utilización indebida de datos personales de afiliados.
Esas presentaciones dieron origen a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales.
En febrero de este año, nuevas auditorías detectaron además volúmenes de prestaciones considerados “imposibles de justificar”.
Uno de los casos mencionados por el organismo correspondió a un prestador que declaró 283 prácticas médicas sobre 95 pacientes en apenas cinco horas, mientras que otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día.
Frente a ese escenario, el PAMI implementó nuevos mecanismos de control que incluyen monitoreo permanente de prestaciones, uso obligatorio del turnero digital, auditorías continuas y penalizaciones automáticas ante irregularidades detectadas.
