Los 5 hechos político-judiciales que dejaron huella en el 2021

Qué pasó con las causas más explosivas: la suerte de CFK, el procesamiento de Macri, la denuncia contra Alberto Fernández y el escándalo del vacunatorio vip son solo algunos de las noticias judiciales del año.

Los 5 hechos político-judiciales que dejaron huella en el 2021

 

La vicepresidenta Cristina Kirchner sobreseída sin juicio en tres causas en su contra, el ex presidente Mauricio Macri procesado por espiar a familiares víctimas del ARA San Juan, el presidente Alberto Fernández imputado por haber celebrado en la Quinta de OIivos el cumpleaños de su esposa en plena pandemia y el escándalo por el “Vacunatorio Vip”, que eyectó del ministerio de Salud a Ginés González García, fueron sólo algunas de las noticias que marcaron la agenda política-judicial del 2021.

Varias de esas causas impactaron de lleno durante este año en los tribunales, pero seguirán su curso el año próximo, junto a las derivaciones del mundo del espionaje macrista y la incertidumbre sobre lo que pasará en el Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema que puso fin a su composición, tal como funciona hoy día. Precisamente, la relación entre la Corte Suprema y el Gobierno fue otra de las claves de este 2021 que podría profundizarse el año próximo. Aquí, una selección de los diez hechos judiciales más resonantes del año que se va.

1- Cristina Kirchner y su suerte judicial

Los problemas judiciales para Cristina Kirchner comenzaron cuando aún era presidenta. La causa Hotesur comenzó en el juzgado de Claudio Bonadio cuando todavía ocupaba el sillón de Rivadavia. Con su salida de la Casa Rosada, las causas judiciales en su contra se multiplicaron. Ella lo llamó “lawfare”.

Ahora, con su regreso al poder, en el lugar de vicepresidenta, Cristina Kirchner consiguió en Comodoro Py lo que ningún otro ex presidente en problemas consiguió: que sus causas se cayeran cuando ya habían sido elevadas a juicio oral. No le pasó con el caso de la obra pública concedida en Santa Cruz a Lázaro Báez, un juicio que comenzó en mayo de 2019 cuando todavía no había anunciado la formula presidencial con Alberto Fernández que la devolvería a la conducción política de la Argentina (el debate oral aún continúa y podría terminar en 2022). Pero sí le ocurrió con tres de las causas que ya habían sido enviadas a juicio y sólo restaba poner fecha de debate.

El primer expediente en caer fue “Dólar futuro”. Una pericia contable había facilitado las cosas: sostenía que en la operatoria de venta de dólar a futuro no había existido perjuicio para el Estado. Cuando las defensas de los ex funcionarios del Banco Central se le ocurrió pedir el sobreseimiento, el Tribunal Oral Federal 1 por dos votos a uno dijo que no. Rápidamente, fue la propia Cristina Kirchner la que pidió estar presente en la audiencia de Casación donde se cuestionara el tema. Lo pidió expresamente: quería que los medios de comunicación pudieran seguir sus palabras en vivo porque era ella la que iba a hablar. Así lo hizo, en una remake de cadena nacional voluntaria de los canales de noticias. Apuntó varias veces contra el “Doctor Petrone”, el presidente de la Sala I de Casación Daniel Petrone que no había habilitado inicialmente que CFK fuera a Comodoro Py, y que venía de rechazarlo junto a su colega Diego Barroetaveña la nulidad de todas las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. La audiencia dio sus frutos para CFK. Casación dictó su sobreseimiento para la vicepresidenta el 13 de abril y para todos los implicados, entre los cuales estaba el ex ministro y hoy gobernador Axel Kicillof y el titular del BCRA Miguel Angel Pesce.

La puerta abierta a esa instancia de definición sin llegar a juicio oral fue retomada por la defensa de CFK más tarde en la causa Memorándum con Irán. Allí, el Tribunal Oral Federal 8 ya había citado a una audiencia preliminar y definido los futuros testigos, pero la revelación sobre la presencia de dos jueces de Casación en reuniones con el ex presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y Olivos se convirtió en el ancla de las defensas para exigir nulidades. El TOF hizo lugar al pedido, con la protesta de los querellantes -la DAIA y familiares de víctimas- porque la audiencia fue puesta el día del aniversario del atentado a la mutual judía. Se trató de una seguidilla de audiencias en donde cada parte expuso su posición y, para sorpresa de las defensas, el fiscal Marcelo Colombo -que había habilitado esa instancia- pidió ir a juicio. Por unanimidad, el TOF 8 decidió el 7 de octubre sobreseer también a CFK y el resto: dijeron que el Memorándum no era delito, el mismo argumento que había utilizado al inicio de la causa Daniel Rafecas y había sido revocado por instancias posteriores. Será revisado por Casación tras la apelación de las querellas.

El último éxito de CFK se dio en la causa unificada Los Sauces-Hotesur, el expediente que tiene también procesados a sus dos hijos, Máximo y Florencia, y en donde la acusación es asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas. Se trata de alquileres que empresarios que hacían negocios con el Estado como Lázaro Báez y Cristóbal López realizaban con propiedades que pertenecían a la familia Kirchner. El Tribunal Oral Federal 5 había ordenado unos peritajes a pedido de las defensas como última parte de la instrucción suplementaria. Pero a inicios de noviembre el abogado de CFK Carlos Alberto Beraldi solicitó los sobreseimientos de sus representados por inexistencia de delito. Esta vez no hubo audiencias públicas o televisadas. El fiscal Diego Velasco se opuso pero en un trámite casi exprés por dos votos a uno el Tribunal Oral resolvió hacer lugar a los sobreseimientos. La decisión fue firmada por los jueces Daniel Obligado y Andres Grümberg, que por esas horas estaba abandonando la integración de ese tribunal por una subrogancia. El año próximo, vendrá el capítulo del análisis de las apelaciones.

2- Mauricio Macri y el primer procesamiento tras su paso por la Presidencia

Dos años después de haber perdido las elecciones que lo alejaron de la idea de una reelección, Mauricio Macri quedó procesado por un delito cometido mientras fue presidente. La acusación se concretó en una causa sensible para la opinión pública: el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el submarino que desapareció de las aguas del océano Atlántico en noviembre de 2017 y recién fue hallado un año y dos días después. 44 tripulantes habían perdido la vida. La investigación por las razones que derivaron en ese hundimiento se ventilan en la justicia federal de Caleta Olivia, donde ya la Cámara de Comodoro Rivadavia había ordenado en noviembre del 2020 analizar la posible responsabilidad de Macri en los hechos.

Pero lo que llevó a Macri a su primera indagatoria fue la citación del juzgado federal de Dolores, sede en donde se tramitó la llamada causa D’Alessio y que engordó hasta investigar si desde la conducción de la AFI de su gestión se había hecho espionaje político desde las bases AMBA. A través de una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, Macri terminó imputado por seis hechos de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Infobae reveló el 1 de octubre que había sido el juez Martín Bava, subrogante en ese juzgado, el que había firmado la primera citación a indagatoria al ex presidente por esos hechos y la prohibición de su salida del país.

Macri ya estaba en el exterior a esa altura. Cuando volvió al país y su abogado conoció la causa, el ex presidente fue finalmente a Dolores acompañado de seguidores que lo apoyaban. Pero la indagatoria no se concretó porque no se había pedido permiso al presidente Alberto Fernández para consultarlo de cuestiones de secretos de Estado. El escenario le sirvió a Macri para sostener que el juez Bava estaba apurado para procesarlo antes de las elecciones para cumplir con órdenes políticas. El procesamiento llegó, pero después del calendario electoral. La apelación ya está en marcha. Todo indica que la causa abandonará en breve el escenario de Dolores.

3- Los espionajes del macrismo

Las causas por acusaciones de espionaje durante el macrismo fueron las que más florecieron en estos años. Todas crecieron por afuera de Comodoro Py. Dolores, Lomas de Zamora, ahora la última investigación que se abrió en La Plata esta semana.

La primera fue el caso D’Alessio en Dolores, en 2019, que permitieron atar con un hilo de conexidad el espionaje a las denominadas bases AMBA de la provincia de Buenos Aires y el caso del ARA San Juan que complicó a Macri. El juez Alejo Ramos Padilla, que comandó la investigación, fue nombrado juez federal en La Plata con competencia electoral. Antes de irse, dijo que habría que hacer una megacausa de espionaje y promovió mandar a juicio la causa D’Alessio. También procesó a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por las bases AMBA. Fue su reemplazante interino, Martín Bava, el que citó y procesó a Macri.

La segunda causa por espionaje nació en 2020 y tuvo su epicentro en Lomas de Zamora, donde la declaración de un narcotraficante terminó despuntando la existencia de un grupo de chat llamado “Supermariobross” formado por espías de la AFI que compartían información de los políticos a los que seguían. La causa se transformó en una megacausa en donde terminaron procesados Arribas y Majdalani por espiar a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y su casa; y luego por llevar adelante seguimientos a políticos oficialistas y opositores, jueces, gremialistas, periodistas y presos “k”. En abril del 2021, por una orden de la Cámara Federal de Casación Penal, la causa pasó a Comodoro Py. El caso se concentró en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi. Hace dos semanas, la Cámara Federal, por dos votos a uno, resolvió que en esa causa no había existido una asociación ilícita sino solo un grupo de espías que habían hecho algunas tareas que violaban la ley de inteligencia. Solo ese pequeño grupo quedó procesado.

Apenas diez días después, la AFI de Cristina Caamaño denunció este lunes que había encontrado el 23 de diciembre un video en unas computadoras viejas de la AFI. En el video se veía una reunión en las oficinas del Banco Provincia, en el microcentro porteño, en donde el ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, habla de crear “una Gestapo” contra el sindicalismo e impulsaba que empresarios de la construcción presentaran denuncias para usar en causas judiciales. En la mesa de reuniones estaban tres funcionarios de la AFI, cuyos domicilios fueron allanados.

La comisión bicameral de organismos de inteligencia abrió una subcomisión para analizar los hechos. El video fue de junio de 2017. El sindicalista de la UOCRA “Pata” Medina terminó preso en septiembre siguiente. El sindicalista ya pidió su excarcelación y sobreseimiento a raíz de este hallazgo. El juez Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la causa que nació en Lomas de Zamora, ya pidió una copia del video. Habrá que ver si el caso no termina igual que los otros en Comodoro Py.

4- El “Vacunatorio-Vip”

La causa se inició en febrero pasado. Fue luego de que -según consta en la resolución- el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido el día anterior a vacunarse al ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro Ginés González García. El caso, revelado por dos periodistas de Clarín, se transformó en un escándalo. Para esa altura, el acceso a la vacuna no era de alcance nacional. Solo se iba a aplicar a personal de salud, personas en riesgo de más de 65 años o lo que después se dio en llamar “persona estratégico”, una figura amplia que permitió cobijar allí a los funcionarios que pudieron acceder a su dosis. Las vacunas se daban en el Hospital Posaas, pero también en el Ministerio de Salud y hasta en los domicilios particulares de algunos de los beneficiados. También una partida viajó a El Calafate.

Los imputados en marzo pasado por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación.

El 8 de julio pasado, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden, por sí solas, hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado principios constitucionales que operan en materia penal”, había dicho la jueza.

Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión.“¿Por qué ellos y no otros millones de ciudadanos?”, dijo el fallo, que ordenó seguir investigando. La jueza delegó la causa en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscalía se encuentra esperando informes sobre informes de llamadas a números del Ministerio de Salud, mientras que se busca esclarecer el rol que tuvo la sucesora de Ginés, Carla Vizzotti.

5- La fiesta de cumpleaños en Olivos

Una foto terminó desatando la polémica un año después de que habían sucedido. El 14 de julio del 2020, Fabiola Yáñez, pareja del presidente, festejó en la quinta de Olivos su cumpleaños. Estuvo Alberto Fernández y nueve amigos de la primera dama. Fue durante la cuarenta más estricta por la pandemia del coronavirus y cuando un decreto de Fernández prohibía las reuniones sociales en todo el país. La foto primero y luego unos videos del cumpleaños se conocieron este año justo antes de las elecciones de las PASO.

La foto derivó en una causa penal que primero tramitó en los tribunales de Comodoro Py y luego pasó a la justicia federal de San Isidro. Fernández resultó imputado. Como abogado en causa propia, el presidente solicitó su sobreseimiento. Argumentó que lo sucedido aquella noche en la quinta de Olivos no era delito y pidió que se declare extinta la acción penal. En forma subsidiaria, propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán para “la reparación del daño potencial que se hubiere causado” con la fiesta. El sueldo de Alberto Fernández es de $315.259 por lo que la donación alcanzaría los 630.518 pesos. En el Gobierno explicaron que es la mitad del salario porque “necesita pagar sus gastos corrientes”.

Después de idas y vueltas sobre qué juez debía investigar, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el pedido de “falta de acción” que había planteado el presidente, en sintonía con la fiscalía. Ahora, tendrá que pronunciarse sobre la oferta para donar parte de su sueldo y que se dicte el cierre de la causa.

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