La Justicia de Uruguay define sobre el pedido de “Pepín” Rodríguez Simón para bloquear su orden de captura internacional
El operador judicial de Macri se presentó ante el juzgado de Montevideo donde presentó un pedido de habeas corpus ante la orden de arresto de la jueza argentina María Servini.
La Justicia de Uruguay tiene previsto tomar una medida de manera inminente ante el pedido que presentó Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el operador judicial de Mauricio Macri, para bloquear la orden de captura que libró la jueza argentina María Servini, en la causa en que lo investigan por asociación ilícita y extorsión. La definición se tomará luego de que esta tarde el ex funcionario de Cambiemos volvió a presentarse en el tribunal de Montevideo a cargo del juez penal Marcelo Malvar para ratificar su pedido de habeas corpus, tras la solicitud de asilo político que elevó al gobierno uruguayo.
Rodríguez Simón se presentó junto a su abogado, Eduardo Rey -un letrado que no es penalista, sino especialista en derecho canábico- para terminar de formalizar la solicitud y se estima en Uruguay que el trámite se tendría que resolver en las próximas horas, debido a que la legislación penal de ese país establece un período de no más de 24 horas para tomar una definición en casos similares. El expediente se mantenía hoy en carácter reservado, condición que seguirá hasta que se emita una sentencia. El magistrado, de acuerdo a lo que trascendió en la capital uruguaya, difundirá la decisión a las 14:30.
El apuro del ex operador judicial de Macri se debe a que la jueza federal María Servini envió al canciller Felipe Solá, a cargo de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con vistas a “arbitrar los medios para que se proceda” al urgente exhorto a las autoridades de Uruguay con el fin de proceder a la captura efectiva.
Mientras tanto, Interpol reclamó a la jueza más detalles para proceder a la búsqueda del abogado en el marco del pedido de captura nacional e internacional que se libró contra el abogado en una causa que radicó el empresario Fabián De Sousa contra Macri y varios de sus ex funcionarios.
La misiva ante la jueza Servini a la que accedió Infobae lleva la firma del Comisario Diego Omar Verdun, jefe División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol. “Llevo a su conocimiento que a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado por ese Juzgado, se ha solicitado a la Secretaria General de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL la publicación de una Notificación de Indice Rojo en contra del encartado. En ese orden, es menester hacer saber que en respuesta a nuestro requerimiento, hemos recibido comunicación del Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones de la Secretaria General de INTERPOL”.
Allí, Interpol solicita que “información sobre el cargo exacto que ocupaba la persona en el momento de la comisión del delito y especificar cómo utilizó dicho cargo para cometer los delitos que se le imputan. También una copia de la correspondiente orden de detención o decisión judicial equivalente, traducida a una de las lenguas oficiales de INTERPOL.
Interpol señaló que Oficinas Centrales Nacionales de Interpol “ha informado en el mensaje recibido el 20/05/2021 que se conoce el paradero de la persona buscada y que está localizada en la República Oriental del Uruguay “.
“Les rogamos nos informen de toda medida que hayan tomado bilateralmente el Uruguay” e “indiquen si se ha enviado una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca, así como los resultados correspondientes”.
También solicitaron saber si Uruguay “ha denegado la extradición de la persona, les rogamos especifiquen las razones presentadas para justificar tal denegación”, dice Interpol. “Les agradeceríamos nos hicieran llegar la información solicitada lo antes posible, y en todo caso no más tarde del 20/06/2021 (4 semanas). Entre tanto, la solicitud no será visible en el sistema e-SBA y la información no se pondrá a disposición de los países miembros”, se le explicó a la jueza.
El miércoles pasado, la jueza decidió “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional. Así dispuso oficiar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que por su intermedio se notifique a las fuerzas de seguridad la medida y oficiar al Jefe del Departamento de INTERPOL de la Policía Federal Argentina. Se resolvió librar exhorto internacional en los términos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal a efectos de solicitarle a las autoridades que correspondan de la República Oriental del Uruguay que, de manera muy urgente, se proceda a la localización de Fabián Jorge Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.
El planteo judicial ante la Cancillería ya fue remitido al ministerio que conduce el canciller Solá, confirmaron fuentes judiciales a este medio.
Pero el mismo día del fallo de la jueza, en Montevideo, Rodríguez Simón se presentó ante el juzgado de turno, informó su residencia y confirmó que inició el trámite para ser considerado un refugiado político. Al mismo tiempo solicitó que se abra un habeas corpus para hacer saber su pedido de refugio.
Ese planteo podría bloquear el pedido de captura internacional que dispuso Servini. La justicia uruguaya citó a una audiencia para conocer mas detalles y resolver. Pero cualquier decisión que se tome es apelable. Hasta que esa situación no esté resuelta la orden de detención no se hace efectivo.
Rodriguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan por una denuncia que promovió el empresario Fabián De Sousa cuando aún estaba detenido. Allí De Sousa acusó al ex presidente Mauricio Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió desapoderarlo de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en connivencia con la justicia para meterlo preso. El fiscal Marijuan dio curso a la investigación y ordenó recolectar testimonios y pruebas. También se dispusieron cruces telefónicos.
Estaba citado a indagatoria para el próximo 17 de junio, pero el abogado anunció el pasado lunes su decisión de no volver al país. Hizo público que se había acogido al régimen de Asilo como Refugiado Político en los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
