Guerra abierta por la Magistratura y una extraña alianza anti reelecciones

El Consejo pedirá al Congreso una nueva ley. Vidal, Massa y cristinistas, socios tácticos en la Provincia.

Guerra abierta por la Magistratura y una extraña alianza anti reelecciones

 

El Consejo de la Magistratura le pedirá este lunes al Congreso que discuta una nueva ley que modifique su integración, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que reclama respeto al “equilibrio” de los estamentos que lo integran. Esa norma debe estar sancionada antes del 15 de abril porque, de acuerdo con el tribunal máximo, desde esa fecha todos los actos serán nulos. Eso implicará un Apocalypse Now del sistema judicial, porque no se podrán ni pagar los sueldos de los magistrados.

La situación convoca a las razas que animan el retablo político: los apocalípticos, hoy identificados con el oficialismo, según los cuales la Justicia es una porquería que debe reformarse con una revolución que no eluda la guillotina, amplíe los tribunales, fusione fueros y jurisdicciones, y haga una purga sobre “mesas judiciales” y los caciques del “lawfare”.

Para ellos la orden de que el Consejo puede caducar en su funcionamiento si no se adapta a la nueva ley es maná del cielo: se acaban los juicios en curso sobre exfuncionarios y se allanan todos los plazos judiciales que gravitan sobre la política. Esa comunicación contará, si la aprueban los consejeros, un reclamo para que el Congreso, en caso de reponerse en abril la ley vieja, designe un cuarto senador y diputado. Será una pelea designarlos porque hay quienes creen que ya corresponde uno al PRO (Senado) y otro a la UCR (Diputados).

Una ley puente para salvarse del plazo de la Corte

La etnia de los normales, que abundan en todos los partidos, confía en que la vía de una nueva ley es el camino más razonable para que desde el 15 de abril se modifique la integración con la cláusula del equilibrio. Podría ser una ley “puente” que reglamente la transición entre el estado actual y la realidad política, que hace que en noviembre próximo caduquen los mandatos de los actuales representantes.

Una ley puente evitaría que se elijan representantes de abogados dos veces, una para salvar el dead-line de abril y otra para los nuevos mandatos desde noviembre. También queda abierto el debate, sin nueva ley, a la posibilidad de que los abogados y jueces, que aumentan su representación, sean elegidos esta vez según los resultados de las elecciones de 2018. Eso beneficia a algunos y perjudica a otros. En el estamento de los jueces, debería corresponder a la lista Bordó (esencialmente independiente, pero con mejores relaciones con Juntos por el Cambio).

El fallo pide que estén representadas todas las instancias de ese poder, lo que incluiría a la Corte y no sólo a jueces de primera instancia o federales del interior. La idea de una ley negociada para no volver a los 20, pero aumentar de 13 a 17, puede acercar posiciones. El peronismo se aseguraría 9 como mínimo (y el quórum propio), Juntos por el Cambio tendría 6 representantes y quedarían independientes en función bisagra.

“No hay mucho que aclarar”, dice la Corte

La iniciativa de reclamar una nueva ley le pertenece a Pablo Tonelli, representante de la oposición de Juntos por el Cambio, y la avala Graciela Camaño, del peronismo. La diputada, además, mocionará para que el Consejo exija al poder Ejecutivo que incluya el tratamiento de una nueva ley de jueces, en el período de sesiones extraordinarias.

Hoy el Congreso tiene una prórroga de las sesiones ordinarias, es decir que no legisla sino sobre las iniciativas que propone el Ejecutivo. Hay que agregar que en enero hay feria judicial y eso alcanza al Consejo, que es el responsable del Reglamento para elegir a los representantes. Es, además, una ley compleja que requiere mayoría especial de votos, 129 diputados y 37 senadores.

Estas comunicaciones de la Magistratura son producto de un debate interno que este lunes llega al plenario, pero que se adelantó el miércoles pasado en una audiencia de la comisión respectiva, con representantes de los estamentos que integran el Consejo -los colegios de abogados, representantes de académicos y de gremios de jueces-. Todos coincidieron en que es imposible que en 120 días (que incluyen 30 de una feria judicial) se pueda convocar a elecciones y se cumpla la demanda de “equilibrio” de la Corte.

Hasta ese día existía la posibilidad de que se le pidiera a la Corte una “aclaratoria”, pero nadie la hizo en las dos primeras horas del miércoles. “No hay mucho que aclarar”, me dijo un juez de la Corte cuando lo consulté sobre esa posibilidad.

El Consejo de la Magistratura le pedirá este lunes al Congreso que discuta una nueva ley que modifique su integración, de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte que reclama respeto al “equilibrio” de los estamentos que lo integran. Esa norma debe estar sancionada antes del 15 de abril porque, de acuerdo con el tribunal máximo, desde esa fecha todos los actos serán nulos. Eso implicará un Apocalypse Now del sistema judicial, porque no se podrán ni pagar los sueldos de los magistrados.

La situación convoca a las razas que animan el retablo político: los apocalípticos, hoy identificados con el oficialismo, según los cuales la Justicia es una porquería que debe reformarse con una revolución que no eluda la guillotina, amplíe los tribunales, fusione fueros y jurisdicciones, y haga una purga sobre “mesas judiciales” y los caciques del “lawfare”.

Para ellos la orden de que el Consejo puede caducar en su funcionamiento si no se adapta a la nueva ley es maná del cielo: se acaban los juicios en curso sobre exfuncionarios y se allanan todos los plazos judiciales que gravitan sobre la política. Esa comunicación contará, si la aprueban los consejeros, un reclamo para que el Congreso, en caso de reponerse en abril la ley vieja, designe un cuarto senador y diputado. Será una pelea designarlos porque hay quienes creen que ya corresponde uno al PRO (Senado) y otro a la UCR (Diputados).

Una ley puente para salvarse del plazo de la Corte

La etnia de los normales, que abundan en todos los partidos, confía en que la vía de una nueva ley es el camino más razonable para que desde el 15 de abril se modifique la integración con la cláusula del equilibrio. Podría ser una ley “puente” que reglamente la transición entre el estado actual y la realidad política, que hace que en noviembre próximo caduquen los mandatos de los actuales representantes.

Una ley puente evitaría que se elijan representantes de abogados dos veces, una para salvar el dead-line de abril y otra para los nuevos mandatos desde noviembre. También queda abierto el debate, sin nueva ley, a la posibilidad de que los abogados y jueces, que aumentan su representación, sean elegidos esta vez según los resultados de las elecciones de 2018. Eso beneficia a algunos y perjudica a otros. En el estamento de los jueces, debería corresponder a la lista Bordó (esencialmente independiente, pero con mejores relaciones con Juntos por el Cambio).

El fallo pide que estén representadas todas las instancias de ese poder, lo que incluiría a la Corte y no sólo a jueces de primera instancia o federales del interior. La idea de una ley negociada para no volver a los 20, pero aumentar de 13 a 17, puede acercar posiciones. El peronismo se aseguraría 9 como mínimo (y el quórum propio), Juntos por el Cambio tendría 6 representantes y quedarían independientes en función bisagra.

“No hay mucho que aclarar”, dice la Corte

La iniciativa de reclamar una nueva ley le pertenece a Pablo Tonelli, representante de la oposición de Juntos por el Cambio, y la avala Graciela Camaño, del peronismo. La diputada, además, mocionará para que el Consejo exija al poder Ejecutivo que incluya el tratamiento de una nueva ley de jueces, en el período de sesiones extraordinarias.

Hoy el Congreso tiene una prórroga de las sesiones ordinarias, es decir que no legisla sino sobre las iniciativas que propone el Ejecutivo. Hay que agregar que en enero hay feria judicial y eso alcanza al Consejo, que es el responsable del Reglamento para elegir a los representantes. Es, además, una ley compleja que requiere mayoría especial de votos, 129 diputados y 37 senadores.

Estas comunicaciones de la Magistratura son producto de un debate interno que este lunes llega al plenario, pero que se adelantó el miércoles pasado en una audiencia de la comisión respectiva, con representantes de los estamentos que integran el Consejo -los colegios de abogados, representantes de académicos y de gremios de jueces-. Todos coincidieron en que es imposible que en 120 días (que incluyen 30 de una feria judicial) se pueda convocar a elecciones y se cumpla la demanda de “equilibrio” de la Corte.

Hasta ese día existía la posibilidad de que se le pidiera a la Corte una “aclaratoria”, pero nadie la hizo en las dos primeras horas del miércoles. “No hay mucho que aclarar”, me dijo un juez de la Corte cuando lo consulté sobre esa posibilidad.

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