Gobierno y universidades avanzan hacia un acuerdo salarial, pero continúa la disputa judicial por el financiamiento
La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33%, refuerzos para becas y hospitales universitarios, y mecanismos para evitar nuevas pérdidas frente a la inflación. Pese al acercamiento, los rectores mantendrán el reclamo ante la Corte Suprema.
El Gobierno nacional y las universidades públicas se encuentran cerca de cerrar un acuerdo destinado a recomponer los salarios docentes y reforzar partidas presupuestarias estratégicas, en un intento por reducir las tensiones que marcaron la relación entre ambas partes durante los últimos años.
La propuesta que se analiza prevé una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos etapas. El esquema contempla un incremento del 21,33% a partir de julio y un adicional del 3% en octubre, con el objetivo de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores universitarios.
Según trascendió de las negociaciones, el acuerdo también incluiría mecanismos para evitar que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante el resto de 2026, una de las principales demandas planteadas por rectores, docentes y gremios del sector.
Además de la cuestión salarial, el entendimiento contempla una ampliación de recursos destinados a programas considerados estratégicos para el sistema universitario. Entre ellos se encuentra un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, orientadas a estudiantes de carreras vinculadas a áreas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
La propuesta también prevé una asignación adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol central en la formación profesional y en la prestación de servicios de salud a la comunidad.
Otro de los puntos en discusión involucra a los colegios preuniversitarios dependientes de las universidades nacionales. En estos establecimientos, la situación salarial presenta mayores dificultades debido al impacto que generó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una fuente de ingresos que complementaba los salarios de los docentes de nivel medio.
Pese al acercamiento alcanzado en materia presupuestaria, las autoridades universitarias confirmaron que mantendrán la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Los rectores sostienen que el reclamo excede la discusión salarial y apunta a garantizar un esquema de financiamiento estable para las universidades nacionales. Por ese motivo consideran que la eventual firma de un acuerdo económico no modifica la necesidad de una resolución judicial sobre la aplicación de la normativa.
La causa cuenta con antecedentes favorables para las universidades en instancias previas, aunque su implementación permanece suspendida mientras la Corte analiza los recursos presentados por el Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que la ley presenta inconsistencias vinculadas a las fuentes de financiamiento y que cualquier solución definitiva debe ajustarse a las normas de administración financiera vigentes.
Mientras continúan las negociaciones, los gremios docentes mantienen una postura cautelosa y reclaman la convocatoria formal a paritarias para discutir no solo la recomposición salarial actual, sino también mecanismos permanentes de actualización frente a la evolución de los precios.
El posible acuerdo representa uno de los avances más significativos en la relación entre el Ejecutivo y las universidades desde el inicio del conflicto presupuestario, aunque la resolución de fondo sobre el financiamiento del sistema universitario continuará dirimiéndose en el ámbito judicial.
