Estados Unidos admitió su preocupación por la ley que podría sancionar a sus empresas por Malvinas

 

 

El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que su país sigue «con interés» los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas, incluidas las norteamericanas, vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.

«No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados», afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno, quien a su turno calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como «innegociable» y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 «no tiene ningún tipo de mella» en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.

Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, «a través de los años no han hecho casi nada». «Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo», planteó. El funcionario fue más allá y señaló que el comité «ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas».

Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que «las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina», pero agregó: «Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso». Como contexto de esta postura están los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente «no le da a la Argentina las herramientas necesarias» para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. «No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular», insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es «muchísimo mayor», o mantener operaciones «ilegítimas» en las islas. «Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas», cerró el canciller.

Quirno dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son «resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial» y que la causa se presenta «en todo foro internacional». Sin embargo, reconoció que el comité «es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo». El vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense «está bajo análisis» y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a «razones técnicas» pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.

Consultado sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas, quien cifró en 20.000 millones de dólares el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga «hacia la derecha», Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por «crear las condiciones para otra época dorada» y se limitó a expresar entusiasmo por las «enormes posibilidades» del país.

Quirno, en tanto, señaló: «La relación entre Argentina y Estados Unidos es una relación estratégica, es una relación profunda, y todo el tiempo se especula sobre la condicionalidad. Está claro que nosotros queremos, y el embajador Lamelas lo dice constantemente, que el gobierno argentino reelija el año que viene. Eso es un interés común que nosotros tenemos. Pero creo que es importante entender lo siguiente: Argentina ha hecho en estos treinta y pico de meses de gobierno los deberes necesarios para contar con el apoyo de Estados Unidos y varios otros países, y eso es producto de la alianza que tenemos, de la confianza que se ha generado, de la credibilidad que ha ganado Argentina. Y el condicionamiento, el único condicionamiento que hay, es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo».

Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó 13 millones de dólares para programas contra el narcotráfico —7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta 10 millones de dólares para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de 15 millones de dólares para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.

Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática. Landau fue más directo: «Por algo me llaman el quitavisas», dijo, y explicó que las visas son «una herramienta de la política exterior». «No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país», completó.