El oficialismo evalúa los tiempos para avanzar con la Ley Penal Juvenil y busca acuerdos con la oposición
El proyecto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, pero en la Casa Rosada analizan si su debate comienza en febrero o se traslada al período ordinario, con la baja de la edad de imputabilidad como eje central.
Tras una nueva reunión de la mesa política, el Gobierno nacional comenzó a delinear la estrategia legislativa para tratar la Ley Penal Juvenil, una iniciativa que apunta a reformar el régimen vigente desde 1980. Si bien el proyecto ya fue incorporado al temario de sesiones extraordinarias, dentro del oficialismo conviven distintas posturas respecto del calendario y la viabilidad de avanzar con su aprobación durante el verano.
En el entorno del presidente Javier Milei reconocen que la intención es consensuar el texto con sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares, con el objetivo de unificar criterios y garantizar los votos necesarios. La experiencia previa de 2024 y 2025, cuando el tema fue debatido en comisiones de Diputados y logró dictamen, aparece como antecedente para retomar el camino del acuerdo político.
El proyecto volvió a ganar centralidad en la agenda pública en los últimos días, impulsado por casos de alto impacto social y por la insistencia del área de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, en articulación con el Ministerio de Justicia. La propuesta busca establecer un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes y discutir la reducción de la edad de imputabilidad, un punto sensible dentro del debate parlamentario.
En este marco, fuentes oficiales admiten que, aunque la postura inicial del Ejecutivo era fijar la edad en 13 años, el consenso alcanzado hasta ahora en el Congreso la ubica en los 14. Esa diferencia obliga a reabrir negociaciones con aliados y bloques dialoguistas, lo que podría extender los plazos de tratamiento.
La definición de incluir la iniciativa en extraordinarias fue adoptada en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la coordinación política de la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, el reducido equipo legislativo advierte que el cronograma es ajustado: la prórroga de sesiones comienza el 2 de febrero y se extiende hasta el 27, con feriados que reducen aún más la cantidad de jornadas disponibles.
En paralelo, el Ejecutivo planea priorizar otros proyectos considerados urgentes, como la reforma laboral y el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que complica la posibilidad de dedicarle tiempo suficiente a una discusión compleja como la del régimen penal juvenil. En ese escenario, no se descarta iniciar el debate en Diputados durante febrero y continuarlo luego, ya en el período ordinario que comenzará el 1° de marzo.
A mitad de ese proceso, fuentes legislativas señalan que el proyecto tomará como base el dictamen ya trabajado en 2025, con el aporte de especialistas y técnicos, y con referencias comparadas a otros países de la región. Parte de este esquema fue reconstruido a partir de información publicada originalmente por Infobae, aunque desde el Gobierno evitan anticipar definiciones cerradas.
Mientras tanto, en la Casa Rosada insisten en que la reforma del régimen penal juvenil no se mezclará con la reescritura integral del Código Penal, cuyo debate fue postergado para más adelante. La prioridad inmediata, sostienen, es ordenar los tiempos legislativos y construir los consensos necesarios para avanzar en una de las reformas más sensibles del año político.
