El Gobierno relanza su reforma laboral con un proyecto que flexibiliza contratos, amplía jornadas e incentiva el empleo formal
Con el impulso político tras las elecciones legislativas, la diputada Romina Diez presentó la “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, que propone beneficios fiscales, modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas reglas de indemnización y estímulos a la contratación. La iniciativa busca modernizar el régimen laboral y adecuarlo a las dinámicas del mercado actual.
El Gobierno volvió a poner en agenda la reforma laboral que se discutía desde el Consejo de Mayo, ahora bajo el título de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”. La propuesta, impulsada por la diputada nacional Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques, apunta a actualizar la legislación vigente mediante una serie de reformas estructurales en el régimen laboral argentino.
El texto, que cuenta con el respaldo político del oficialismo tras su triunfo electoral, propone la ampliación de la jornada laboral, la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la flexibilización de convenios colectivos y un esquema de indemnizaciones en cuotas. Además, introduce beneficios fiscales para empleadores, con el objetivo de promover la contratación formal y dinamizar la economía.
Uno de los ejes principales es la modernización de la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto amplía las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, siempre que los cambios no sean irrazonables ni afecten aspectos esenciales del contrato. También establece plazos de 30 días para impugnar sanciones disciplinarias y precisa los mecanismos de revisión de las mismas.
En cuanto a los beneficios sociales, el proyecto detalla una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen la provisión de almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil e internet para el trabajador y su familia. Estos beneficios no integran la remuneración salvo en casos excepcionales. Asimismo, habilita el pago de salarios en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y permite que los recibos sean electrónicos con información detallada sobre los conceptos liquidados.
Respecto a las vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se habilita su fraccionamiento en períodos no menores a una semana, garantizando el derecho a tomarlas en verano al menos una vez cada dos años. Las parejas o matrimonios que trabajen para el mismo empleador podrán, además, coordinar sus vacaciones de forma conjunta.
El capítulo sobre licencias por enfermedad mantiene los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad, extendiéndose a seis o doce meses en el caso de trabajadores con carga familiar. Se introduce también un procedimiento de verificación médica a cargo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos, repetir estudios y sancionar irregularidades.
El proyecto mantiene la obligación del empleador de conservar el puesto durante un año adicional tras el vencimiento del período de interrupción por enfermedad. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.
Asimismo, se modifica el régimen de intereses en créditos laborales, limitando el cálculo a la suma actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa pura del 3% anual. El pacto de cuota litis en juicios laborales se restringe al 20%, y las micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonar sentencias o indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
En el ámbito del trabajo agrario, el texto redefine su alcance legal y excluye a quienes realicen tareas industriales, comerciales, turísticas o de servicios ajenos a la actividad rural. Se mantiene la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias respecto de los trabajadores tercerizados, pero se exceptúa a los propietarios que arrienden tierras improductivas.
Uno de los puntos más destacados es la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que contraten nuevos trabajadores durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio varía según el tamaño de la empresa: 100% para micro, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes, aplicables durante un año, siempre que se incremente la nómina laboral.
La iniciativa fue firmada también por Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.
Según se mencionó durante la presentación parlamentaria —según publicó Infobae en su edición del 27 de octubre—, el proyecto busca “institucionalizar un modelo económico y laboral que acompañe el crecimiento, promueva la productividad y reduzca la litigiosidad”. Con este texto, el oficialismo aspira a abrir un nuevo debate en el Congreso sobre las condiciones de empleo en la Argentina y los desafíos del mercado laboral del siglo XXI.
