El Gobierno reglamentó un régimen clave de la reforma laboral con beneficios para nuevas contrataciones
A través de un decreto, el Ejecutivo puso en marcha un esquema de reducción de contribuciones patronales por cuatro años para incentivar la formalización del empleo. La medida alcanza a trabajadores sin registro, desocupados y ex monotributistas.
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los capítulos centrales de la reforma laboral, mediante la publicación del decreto 315/2026. La medida establece una reducción de contribuciones patronales durante un período de hasta 48 meses para empleadores que incorporen trabajadores bajo determinadas condiciones.
La normativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, y se oficializó tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo que permitió avanzar con la implementación de la reforma.
De acuerdo con lo informado por Infobae, el régimen busca promover la formalización del empleo mediante incentivos fiscales dirigidos a empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado o con trayectorias laborales interrumpidas.
El RIFL contempla cuatro perfiles específicos de trabajadores. En primer lugar, personas que no tenían empleo registrado al 10 de diciembre de 2025. En segundo lugar, aquellos que se encontraban desempleados durante al menos seis meses previos a la contratación. También incluye a ex monotributistas que no hayan tenido relación de dependencia en el sector privado en ese período, y a trabajadores cuyo último empleo formal haya sido en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El beneficio para los empleadores consiste en una reducción de las contribuciones patronales aplicadas a cada nueva relación laboral registrada bajo este régimen. Las alícuotas diferenciales establecidas son del 2% y del 3%, según el destino de los aportes.
Los aportes calculados sobre el 2% se distribuirán entre el Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el componente del 3% se destinará exclusivamente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
Para acceder al régimen, los empleadores deberán estar inscriptos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 10 de diciembre de 2025. Además, las nuevas relaciones laborales deberán registrarse entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
La normativa establece también un límite en la cantidad de trabajadores que pueden incorporarse bajo este esquema: las nuevas contrataciones no podrán superar el 80% de la nómina total del empleador.
El decreto aclara que los beneficios se mantienen aun cuando el trabajador perciba ingresos adicionales bajo otros regímenes, y que la adhesión al sistema deberá realizarse mediante los mecanismos que establezca ARCA, sin posibilidad de aplicación retroactiva en caso de no haber optado oportunamente.
Asimismo, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, los empleadores deberán reintegrar las contribuciones no abonadas junto con los intereses y sanciones correspondientes. La fiscalización del régimen estará a cargo de ARCA, que deberá implementar controles sistémicos para garantizar su correcto funcionamiento.
El esquema mantiene vigente la obligación de aportar al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluso dentro del régimen de beneficios, y establece mecanismos de articulación con programas sociales a través del intercambio de información entre organismos estatales.
La reglamentación del RIFL se produce luego de que la Justicia validara la aplicación de la reforma laboral. La Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó una medida cautelar que había frenado parte de la normativa, mientras que la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debía tramitarse en ese fuero.
Tras estos fallos, el Gobierno consideró que el marco legal se encuentra plenamente vigente y avanzó con la reglamentación de uno de los instrumentos centrales para incentivar la formalización del empleo en el país.
