El Gobierno busca reformar el régimen de Zonas Frías y focalizar los subsidios energéticos
El proyecto impulsado por el oficialismo propone limitar el beneficio a hogares vulnerables y redefinir las regiones alcanzadas por el esquema de asistencia.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina debatirá esta semana un proyecto promovido por el oficialismo que apunta a modificar el régimen de subsidios energéticos de Zonas Frías, con el objetivo de focalizar la asistencia en hogares vulnerables y reorganizar el esquema de financiamiento del sistema. La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría y será tratada el próximo miércoles en el Congreso nacional.
El proyecto propone redefinir el alcance territorial del régimen para volver a concentrar el beneficio en las regiones históricamente incluidas dentro del esquema, como la Patagonia, la zona de Malargüe y la Puna argentina, además de incorporar subsidios para cilindros, garrafas y gas propano a granel utilizados en áreas donde no existe conexión domiciliaria a la red de gas natural.
La iniciativa establece además que el acceso al beneficio quedará restringido exclusivamente a usuarios registrados dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Entre los grupos contemplados aparecen hogares con ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), familias con integrantes que perciban pensiones para veteranos de la Guerra de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Desde el Gobierno nacional sostienen que el objetivo es corregir las distorsiones generadas tras la ampliación del régimen aprobada en 2021, cuando la cobertura se extendió a cerca de cuatro millones de hogares mediante una modificación impulsada por Máximo Kirchner. Aquella reforma amplió considerablemente el universo de beneficiarios utilizando criterios bioambientales y elevó el número de usuarios alcanzados desde aproximadamente 950 mil hasta casi la mitad de los hogares conectados a la red de gas del país.
La actual administración considera que esa expansión generó un esquema regresivo, ya que incorporó también a usuarios de altos ingresos dentro de regiones beneficiadas, incrementando significativamente el costo fiscal y financiero del sistema.
Durante el debate en comisión, la secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, defendió la necesidad de reformular el esquema y sostuvo que los recursos públicos destinados a subsidios deben utilizarse “de manera eficiente y justa”.
“Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos y que la forma justa de utilizarlos tiene que ser exclusivamente para la gente que lo necesita”, afirmó la funcionaria durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.
Tettamanti cuestionó además el actual mecanismo de financiamiento del régimen, señalando que el subsidio se sostiene mediante un recargo del 7,5% aplicado sobre las tarifas de todos los usuarios del país, independientemente de su nivel de ingresos o ubicación geográfica.
Según explicó, el Estado nacional destina actualmente alrededor de 500 mil millones de pesos para sostener subsidios energéticos tanto para sectores vulnerables como para usuarios de altos ingresos dentro de las regiones alcanzadas.
La funcionaria aclaró, sin embargo, que los hogares ubicados en las zonas frías históricas seguirán conservando beneficios especiales debido al elevado consumo energético característico de esas regiones. “Consumen entre cuatro y siete veces más gas que el resto del país, y esa es una realidad”, sostuvo.
El debate legislativo aparece como uno de los capítulos más sensibles dentro de la estrategia del gobierno de Javier Milei para avanzar en la reducción de subsidios y la reorganización del gasto público vinculado al sistema energético.
La definición parlamentaria tendrá impacto directo sobre millones de hogares argentinos que actualmente reciben descuentos tarifarios durante los meses de invierno y reabre la discusión sobre el equilibrio entre segmentación social, criterios geográficos y sostenibilidad fiscal dentro de la política energética nacional.
