El Gobierno apelará la suspensión judicial de parte de la reforma laboral
La Justicia frenó de manera cautelar 83 artículos de la ley. Desde el oficialismo anticiparon que recurrirán el fallo para garantizar su aplicación.
El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial que suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, en lo que representa uno de los principales desafíos para una de las reformas centrales impulsadas por la actual gestión.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano luego de que la Justicia laboral hiciera lugar a una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la normativa sancionada por el Congreso. La resolución judicial dispuso una suspensión provisoria de los artículos impugnados hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
Desde el Ejecutivo señalaron que agotarán todas las instancias legales para revertir el fallo y garantizar la plena vigencia de la ley, al considerarla una herramienta clave para promover el empleo formal y mejorar la competitividad. En ese sentido, destacaron que la norma fue aprobada por amplia mayoría legislativa y que responde a los objetivos de modernización del mercado laboral.
La decisión judicial se fundamentó en la necesidad de preservar derechos individuales y colectivos ante posibles afectaciones derivadas de la nueva normativa. En particular, el tribunal consideró que la demanda presentada por la CGT cumplía con los requisitos para tramitar como una acción colectiva y que correspondía mantener el esquema vigente hasta tanto se analice la constitucionalidad de los cambios .
Entre los puntos cuestionados se encuentran modificaciones en la regulación de las relaciones laborales, el alcance de la protección para trabajadores de plataformas digitales, la responsabilidad de los empleadores en esquemas de tercerización y cambios en aspectos vinculados a la jornada laboral, vacaciones y representación sindical.
Por su parte, desde el Gobierno rechazaron los planteos de la central sindical y defendieron la legitimidad de la ley, argumentando que la suspensión afecta el interés público y el funcionamiento del sistema institucional. También cuestionaron la representatividad de la CGT para impulsar una acción de este alcance.
La resolución judicial no implica una definición definitiva sobre la validez de la norma, sino que establece un freno temporal a su aplicación. Mientras tanto, continuarán vigentes las regulaciones laborales previas, en un escenario que anticipa una disputa judicial de largo alcance sobre el futuro del régimen laboral en Argentina.
