El Ejecutivo planea acelerar el ajuste y apunta a reducir un 10% el empleo público en los próximos meses
La Casa Rosada busca profundizar la política de recorte del Estado impulsada por Javier Milei. La meta es achicar estructuras en ministerios, secretarías y organismos durante el primer trimestre de 2026.
El Gobierno nacional prevé avanzar en los primeros meses de 2026 con una nueva etapa de reducción del empleo público, en línea con la estrategia de ajuste del gasto y achicamiento del Estado que impulsa el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión. La intención oficial es recortar alrededor del 10% de la dotación en distintas áreas de la Administración Pública Nacional (APN).
La directiva fue planteada en reuniones de Gabinete realizadas hacia fines de diciembre, cuando, con el aval del Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, transmitió a ministros y secretarios la necesidad de profundizar el proceso de reducción de personal. Según trascendió, el objetivo sería cumplir esa meta en el “cortísimo plazo”, con una evaluación prevista hacia el cierre del primer trimestre del año.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta noviembre de 2025 el empleo estatal ascendía a 281.785 trabajadores, distribuidos entre la administración pública nacional y las empresas y sociedades del Estado. En ámbitos del Gobierno aclaran que el recorte no se aplicaría de manera uniforme sobre ese total, sino que se focalizaría principalmente en la administración centralizada, donde se considera más viable una reducción rápida.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la prioridad estará puesta en las estructuras que dependen directamente de Presidencia, Jefatura de Gabinete y los ministerios, aunque también se espera que los organismos descentralizados, desconcentrados y las empresas estatales presenten sus propios planes de ajuste, con modalidades menos automáticas.
En el caso de la Jefatura de Gabinete, Adorni habría solicitado a sus secretarías un recorte aún mayor, del orden del 20%. Si bien reconocen que ese porcentaje podría resultar difícil de alcanzar sin afectar el funcionamiento cotidiano, en el Ejecutivo confían en superar el 10% general antes de que finalice marzo. En paralelo, se avanza en la redefinición de organigramas, con la eliminación o fusión de direcciones y coordinaciones consideradas innecesarias.
Desde el oficialismo sostienen que cada ministerio deberá definir internamente qué áreas pueden reducirse o directamente desaparecer, replicando el esquema aplicado en la reestructuración reciente de la Jefatura de Gabinete. El objetivo central es simplificar estructuras y disminuir costos operativos.
Los sindicatos, en cambio, manifestaron su preocupación ante un nuevo ajuste. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que el recorte podría impactar en organismos clave como ANSES, INDEC y entes reguladores, y reclamaron la reapertura de paritarias y una recomposición salarial urgente. Su conducción denunció que los trabajadores estatales no pueden seguir absorbiendo el costo del ajuste con pérdida de empleo y de poder adquisitivo.
El plan de reducción se inscribe en un contexto de fuerte ajuste fiscal. Según estimaciones privadas, entre 2023 y 2025 el gasto público nacional cayó en términos reales cerca de un 27%, con recortes concentrados en jubilaciones, programas sociales y salarios públicos. En ese período, la masa salarial del empleo estatal también registró una caída significativa, tanto por la disminución de personal como por la licuación de los ingresos frente a la inflación.
