El aumento salarial a estatales vuelve a dividir a los gremios nacionales
El Gobierno acordó una suba acumulada del 6,64% para los empleados públicos nacionales entre junio y agosto, acompañada por un bono de $50.000. Mientras UPCN aceptó la propuesta oficial, ATE la rechazó por considerar que profundiza la pérdida del poder adquisitivo.
El Gobierno nacional cerró una nueva negociación paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con un incremento salarial acumulado del 6,64% para el trimestre junio-agosto y el pago de un bono remunerativo de $50.000. Sin embargo, la propuesta volvió a evidenciar las diferencias entre los principales sindicatos estatales.
El acuerdo establece aumentos escalonados del 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto, en el marco de la apertura del nuevo período paritario correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que regula las condiciones laborales de cientos de miles de empleados públicos nacionales.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) decidió aceptar la propuesta y formalizar el acuerdo salarial, permitiendo su homologación para los próximos meses. Desde el oficialismo sostienen que el esquema acompaña la desaceleración inflacionaria registrada en los últimos meses y busca sostener una evolución gradual de los ingresos.
Por el contrario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta al considerar que resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo que atraviesa el sector público. El gremio sostiene que los aumentos otorgados durante las negociaciones anteriores quedaron por debajo de la inflación y reclama mecanismos de recomposición salarial más profundos.
Además, ATE cuestionó la ausencia de cláusulas automáticas de actualización frente a la evolución de los precios y reiteró su pedido de implementar una suma fija extraordinaria para los trabajadores de menores ingresos.
La discusión salarial también incorporó otros reclamos vinculados a la situación general del empleo público, como la reapertura de convenios colectivos, la reactivación de programas de capacitación laboral y la continuidad de los puestos de trabajo dentro de la administración estatal.
El nuevo acuerdo vuelve a poner en evidencia las distintas estrategias sindicales frente a la política económica del Gobierno. Mientras algunos sectores privilegian la negociación gradual y el consenso institucional, otros advierten sobre un deterioro sostenido de los salarios y anticipan un escenario de mayor conflictividad en los próximos meses.
