Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil y avaló bajar la imputabilidad a 14 años
Con 149 votos afirmativos, el oficialismo logró aprobar el proyecto que reduce la edad de punibilidad y fija penas de hasta 15 años para delitos graves. La iniciativa ahora será debatida en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno, que establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, bloques provinciales y otras fuerzas dialoguistas.
El peronismo votó en bloque en contra en la instancia general, aunque durante la discusión artículo por artículo el Frente Renovador respaldó la modificación de la edad de punibilidad, al señalar que ya había sostenido esa postura en propuestas anteriores.
La iniciativa no solo reduce la edad mínima para la responsabilidad penal, sino que fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. También contempla un esquema de sanciones alternativas para delitos con penas menores a diez años, entre ellas amonestaciones, trabajos comunitarios, prohibiciones de acercamiento, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones para conducir o concurrir a determinados lugares.
Durante el debate, que fue seguido de cerca por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, se remarcó que el nuevo régimen prevé la creación de institutos especializados para adolescentes, con personal capacitado en infancia y adolescencia y la prohibición expresa de convivencia con detenidos adultos. Además, se habilitan mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos de menor gravedad, siempre con participación de la víctima.
El texto también incorpora el reconocimiento formal de derechos para las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando acceso a información, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participación en instancias restaurativas.
Desde el oficialismo sostuvieron que el régimen vigente —que data de 1980— resulta obsoleto y deja a muchos jóvenes sin un marco adecuado de responsabilidad y resocialización. Según destacó la diputada Laura Rodríguez Machado, el proyecto recoge estándares internacionales que Argentina ya suscribió pero que no estaban plenamente reflejados en la normativa.
La oposición, en tanto, cuestionó que la reforma no aborda de manera integral los factores sociales, educativos y de salud mental vinculados a la problemática. Legisladores como Juan Grabois y Juan Carlos Molina señalaron que el debate debería centrarse también en políticas preventivas y en la inversión social.
El proyecto incluye una previsión presupuestaria de $23.739 millones para su implementación, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, luego de que gobernadores reclamaran que los costos no recayeran exclusivamente sobre las provincias.
Con la media sanción obtenida, el oficialismo confía en avanzar en el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias, tal como había anticipado en la cobertura difundida por Infobae.
