Cristina Kirchner llevará su condena por la causa Vialidad ante la ONU

La expresidenta anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sostuvo que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales. Su defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim y al exjuez europeo Javier Borrego.

 

Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su condena por la causa Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La expresidenta comunicó la decisión mediante una columna de opinión publicada en distintos medios internacionales y una carta abierta difundida en sus redes sociales.

En el texto, titulado “El costo democrático de la politización de la justicia”, defendió su inocencia y cuestionó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Kirchner sostuvo que la sanción busca excluirla de manera definitiva de la competencia política.

Según informó Infobae, la exmandataria afirmó que su equipo jurídico ya presentó una comunicación individual ante el organismo internacional. El reclamo plantea que durante el proceso se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argentina.

Kirchner cumple arresto domiciliario en Buenos Aires luego de que la condena quedara firme. En su columna, advirtió sobre las consecuencias que puede tener para la democracia la intervención del Poder Judicial en la disputa política y calificó su inhabilitación como una forma de proscripción.

La expresidenta sostuvo que la privación de la libertad constituye una pena secundaria frente a la prohibición permanente de postularse a cargos electivos. Además, señaló que esa exclusión no solo afecta sus derechos individuales, sino también la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes.

La presentación internacional también cuestiona el desarrollo del proceso judicial. Kirchner afirmó que estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con el debido proceso, un clima de hostilidad y expresiones de lo que definió como un machismo estructural dentro de sectores de la Justicia argentina.

Para esta nueva etapa, la defensa incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, vinculado al equipo jurídico del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y a Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto al abogado Alberto Beraldi.

La causa Vialidad investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. El Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas. El máximo tribunal también confirmó el 2 de julio de 2026 un decomiso por $684.990 millones contra Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados.

En su carta, la exmandataria aclaró que la presentación no responde únicamente a una discrepancia con las decisiones judiciales. Sostuvo que busca someter la actuación de los tribunales argentinos al análisis del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Kirchner también recordó el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Consideró que aquel episodio demostró el nivel de violencia política existente y aseguró que continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para sostener su inocencia.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 18 expertos independientes y emite observaciones y recomendaciones, pero no dicta órdenes de cumplimiento obligatorio para los Estados. En una primera instancia deberá determinar si el reclamo cumple los requisitos de admisibilidad.

En caso de aceptar la presentación, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de analizar el fondo del planteo. El procedimiento abrirá una nueva etapa internacional en la estrategia judicial y política de la expresidenta.

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