Convocan a una marcha frente al Congreso por cambios en la Ley de Glaciares

 

Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición convocaron a una movilización frente al Congreso de la Nación en rechazo a las limitaciones impuestas en el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares. La protesta busca visibilizar reclamos por mayor participación social en el tratamiento de la normativa.

La convocatoria se produce en paralelo al inicio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde se analizarán los cambios propuestos a la ley que regula la protección de áreas glaciares y periglaciares. Sin embargo, el proceso está atravesado por una fuerte controversia debido a las restricciones establecidas para la exposición de los participantes.

Según lo dispuesto por las autoridades de las comisiones intervinientes, solo 200 oradores podrán participar en forma presencial o virtual, mientras que el resto de los inscriptos —que superan los 100.000— deberán enviar sus intervenciones en formato de video. Además, se limitó el acceso a las reuniones a los diputados integrantes de las comisiones y a un número reducido de asesores.

Estas condiciones fueron cuestionadas por organizaciones sociales, comunidades indígenas y dirigentes políticos, quienes sostienen que se trata de una audiencia pública que debería garantizar el acceso amplio a la participación ciudadana.

El reclamo se intensificó luego de que la Justicia rechazara un amparo presentado para ampliar la cantidad de expositores, lo que derivó en la convocatoria a una movilización bajo la consigna de exigir que se permita la exposición de todos los sectores involucrados.

Entre los participantes se encuentran representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, quienes advierten sobre los posibles impactos ambientales, sociales y culturales de una eventual flexibilización de la ley.

El eje del conflicto radica en las modificaciones que impulsa el oficialismo, orientadas a habilitar nuevas inversiones, especialmente en el sector minero. Entre los cambios propuestos se incluye una redefinición de las áreas protegidas —al sustituir el concepto de “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”—, lo que podría reducir el alcance de la protección ambiental vigente.

Además, se plantea revisar el inventario de glaciares y permitir actividades productivas en determinadas zonas si las provincias demuestran que no se verá afectado el recurso hídrico.

En este contexto, el debate legislativo se desarrolla en medio de tensiones políticas y sociales, con posiciones enfrentadas entre quienes promueven la flexibilización para incentivar inversiones y quienes advierten sobre los riesgos ambientales y la necesidad de preservar reservas estratégicas de agua dulce.