Causa YPF: el Gobierno le solicitó a la jueza Preska que suspenda el fallo y apelará en los próximos días
La administración de Javier Milei argumentó que la magistrada se excedió en su jurisdicción en la decisión de obligar al país a transferir el 51% de las acciones de la petrolera.
El gobierno presentó un escrito ante la justicia estadounidense para solicitar suspender el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera, Burford y Eton Park, al advertir que la decisión generaría “un daño irreparable”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.
Por otro lado, argumentaron que YPF “es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”.
Desde el Gobierno confirmaron a Ámbito que el proceso de apelación se está demorando por las complejidades de la causa pero será presentada antes de los 14 días hábiles que dispuso la jueza. En el tema están trabajando la secretaria Legal y Técnica María Ibarzaba Murphy, funcionaria cercana a Santiago Caputo, y el procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Fuentes que conocen la causa YPF sostienen que sería deseable que el gobierno argentino se sentara a negociar con los fondos buitres. Sin embargo, para que eso suceda, habría que pedir permiso al Congreso de la Nación, donde el oficialismo tiene un panorama adverso.
Manuel Adorni apuntó que el fallo de YPF es “jurídicamente inaplicable”
Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en su cuenta de X que el Gobierno ya está “trabajando en la apelación”.
“La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”, explicó el funcionario.

