Autoridades sanitarias se reunieron con el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal
Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos de la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados.
Ginés González García: “me parece importante compartir cuales son nuestros próximos pasos”
Con el fin de avanzar en la implementación de los aspectos centrales de la nueva reglamentación de la Ley Nacional de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, inauguró hoy la segunda reunión del Consejo Consultivo Honorario que reúne a integrantes de organizaciones de la sociedad civil del país, representantes de organismos estatales y autoridades sanitarias.
El ministro sostuvo que “me parece importante compartir cuales son nuestros próximos pasos” al referirse a los ejes del trabajo técnico que se está desarrollando y precisó que “nos interesa avanzar sobre tres puntos: la definición de una nueva categoría de productos que establezca qué es un medicamento y qué no lo es; la ampliación del tipo de profesionales que pueden ser prescriptores y por último la idea de avanzar en el blanqueo de las semillas conjuntamente con el Instituto Nacional de Semillas que es quien tiene la regulación de todas las semillas que se utilizan en la Argentina”.
En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, destacó que “seguimos trabajando para construir concretamente a través del Consejo Consultivo los puntos más importantes de implementación de esta nueva reglamentación que se basa en distintos ejes y el primero es el acceso”, y al respecto añadió que “el fin es poder concretar el acceso a un producto que sea de calidad y que también podamos articular entre todos los actores para trabajar profundamente lo que es la investigación, la generación de evidencia para poder trabajar en otras indicaciones y la articulación entre todos los sectores”.
Durante la reunión virtual, los equipos técnicos de la cartera sanitaria además presentaron el diseño del Registro Nacional de Personas autorizadas al cultivo controlado de cannabis con fines medicinales y terapéuticos, donde explicaron los distintos tipos de usuarios que podrán inscribirse, los datos que deberán ingresar y las validaciones de seguridad necesarias que permitirán la emisión del certificado de validez nacional tal como lo establece la normativa.
La reunión de trabajo también contó con la intervención del ex-director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) de Uruguay, Augusto Vitale, quien compartió la experiencia regulatoria del vecino país y planteó la dificultades y desafíos que conlleva la implementación de estos marcos regulatorios ya que implican la desarticulación de un paradigma, que excede al ámbito sanitario, para ser suplantado por otro.
En ese sentido, y basándose en las lecciones aprendidas de la experiencia uruguaya, Vitale hizo hincapié en la necesidad de priorizar el acceso, generar marcos regulatorios que consideren categorías para productos en base de cannabis, que permitan la elaboración de preparados magistrales de calidad y -en lo referente a la construcción de consensos- tener la capacidad de articular las diferencias para sostener los ámbitos de discusión en pos de generar una línea media sostenible.
La reunión estuvo conducida por la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarrragona y el coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los usos Medicinales de Cannabis, Marcelo Morante.
Además participaron integrantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Semillas (INASE); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Consejo Interuniversitario (CIN); la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP); la Comisión Nacional de evaluación de Tecnologías en Salud (CONETEC); la Defensoría del Pueblo de la Nación, y representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática.