El municipio de La Rioja pidió una auditoria nacional por el fondo de financiamiento educativo provincial

La intendenta de capital, Inés Brizuela y Doria, pidió a la Auditoria General de Nación (AGN) que se realice la auditoría de la suma de más de 14 millones de pesos, correspondientes al fondo de financiamiento educativo, que la nación giró a la provincia de La Rioja, desde el año 2013.

En ese marco, Inés Brizuela y Doria dialogó este lunes con Multiplataforma Fénix, donde alertó que la provincia retuvo esos recursos, que tendrían que haber sido distribuidos de manera automática, a todos los municipios de la provincia.

“Son producto de la ley de financiamiento educativo, la cual establece una participación automática a las provincias y la provincia tiene obligación de transferir a los municipios”, explicó la jefa comunal, quien remarcó que “el municipio presta el servicio de educación formal y no formal, con las escuelas de arte y centro deportivos”.

“Desde el 2013 no se ha girado ni un centavo en ese concepto. Por eso le pedimos a la Auditoria General de Nación que tome cartas en el asunto, y que investiga cuál fue el destino de esos recursos”, resaltó.

Al mismo tiempo, agregó que la provincia tiene una deuda acumulada de 759 millones de pesos. “Es plata de nuestros chicos. Son más de 24 millones de dólares”. “En el primer cuatrimestre deberíamos haber recibido 91 millones de pesos, con los cuales podríamos haber construido un edificio nuevo para la escuela Fangio, o haber equipado a la escuela Perón con la estructura que no tiene”, detalló.

“Estamos pidiendo el control de ese organismo sobre los recursos que envió a la provincia y que debió distribuir a los municipios, y por lo menos a la capital, no envió”, enfatizó Inés Brizuela y Doria.

La intendenta de capital explicó que “la obligación surge de dos leyes nacionales, lo cual se renueva año a año en la ley de presupuesto”. “La provincia se está burlando de la voluntad del congreso que votaron estas leyes, y también de la voluntad de la nación, que envía los fondos”.

“Se está incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos, es muy grave la situación”, enfatizó al respecto.

La jefa comunal aseguró que el gobernador está al tanto del reclamo, ya que indicó que “lo planteamos en la provincia, de manera verbal y por escrito. El gobernador está al tanto de esto, pero no hubo respuestas de ningún tipo, y por eso fuimos a la vía judicial”.

“Pedimos que inmediatamente comiencen a girar esos fondos y que arreglen la forma de pago de esa deuda. Los recursos están, solo que no nos los mandan”, concluyó.