Venezolanos deportados por EE.UU. al penal de Bukele denuncian torturas y abusos sistemáticos

 

Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) reveló graves abusos contra los migrantes venezolanos que fueron enviados por la administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, el complejo penitenciario de máxima seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele. Según la organización, los hombres detenidos denunciaron torturas físicas, sexuales y psicológicas, así como condiciones extremas de hacinamiento, falta de higiene y privación de alimentos y agua.

La investigación, elaborada junto a la ONG Cristosal, con sede en Guatemala, expone violaciones sistemáticas perpetradas contra los 252 venezolanos que fueron ingresados al Cecot entre marzo y abril de este año luego de ser acusados de terrorismo por el gobierno estadounidense. Los testimonios, recabados por HRW de un centenar de familiares y cerca de cincuenta ex detenidos, describen un régimen penitenciario marcado por golpizas, castigos prolongados, humillaciones y ausencia de asistencia sanitaria básica.

En la presentación del documento —titulado “Llegaron al infierno”—, la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, sostuvo que “estos venezolanos fueron sometidos a torturas sistemáticas durante casi cuatro meses. Eran golpeados por hablar, por moverse o simplemente sin motivo. Fue un patrón sostenido, no hechos aislados”.

Según detalló Página12, entre marzo y septiembre de 2025 los equipos de investigación entrevistaron a 40 venezolanos que estuvieron recluidos en el Cecot, además de otros 150 testimonios de allegados, abogados y familiares. También revisaron pruebas forenses, fotografías de heridas, registros de antecedentes, documentación migratoria y datos del ICE, junto con análisis independientes del Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley.

El informe documenta al menos tres casos de violencia sexual cometida por guardias contra los detenidos, además de insultos, amenazas, agresiones psicológicas y privación deliberada de agua potable y alimento adecuado. “El agua era amarilla y a veces salía caliente”, relató una de las víctimas. Cuatro de los entrevistados confesaron haber tenido pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida mientras estaba recluido.

Los relatos coinciden en describir requisas diarias extremadamente violentas: “Nos sacaban de la celda, nos arrodillaban con las manos esposadas a la espalda y los brazos en la cabeza. Allí nos golpeaban con bastones, patadas y puños, y luego nos dejaban arrodillados 30 o 40 minutos”, señaló uno de los ex detenidos.

Otro migrante denunció que fue golpeado incluso después de la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, en mayo. “Me pegaron en el estómago hasta que no podía respirar y me ahogué con mi propia sangre. Gritamos auxilio, pero los oficiales decían que solo querían hacernos sufrir”, contó. Aseguró que su nariz quedó desviada tras los golpes.

Uno de los casos más extremos es el de un joven de 24 años que fue agredido desde el momento en que bajó del avión en El Salvador. Le pegaron en las costillas y la cabeza, lo hicieron subir a un vehículo bajo golpes y luego, ya dentro del penal, las agresiones continuaron. “Dos días sin poder levantarme. Me dolía todo: costillas, abdomen, codos, tobillos. No podía moverme”, relató.

El documento también cuestiona duramente al gobierno estadounidense, al que acusa de ser “cómplice” de las violaciones. HRW sostiene que la administración Trump financió con US$4,7 millones el encarcelamiento de los venezolanos, muchos de los cuales fueron expulsados mientras tenían procesos de asilo activos y habían superado entrevistas de “miedo creíble”.

Además, la organización subraya que aproximadamente la mitad de los venezolanos deportados no tenía antecedentes penales, y apenas un 3% había sido condenado por delitos violentos en Estados Unidos. Muchas verificaciones internacionales tampoco arrojaron registros delictivos previos en Venezuela u otros países donde habían vivido.

“No son terroristas. Son hombres que huyeron de la violencia y la persecución en Venezuela y luego fueron desaparecidos y suspendidos de sus derechos en El Salvador”, afirmó Noah Bullock, director de Cristosal. Señaló que la expulsión forzada y el ocultamiento de su paradero constituye una desaparición forzada, delito internacional que compromete tanto a EE.UU. como a El Salvador.

HRW y Cristosal advirtieron que, aunque el actual Departamento de Justicia estadounidense probablemente no impulse una investigación inmediata, “habrá un momento en el que se deberá esclarecer responsabilidades”. Y aseguraron que continúan recopilando pruebas para cuando llegue ese momento.